La eurozona ha arrancado el año minada por los problemas de deuda soberana herencia de 2012.
La eurozona ha dejado atrás 2012, un annus horribilis en el que las profecías sobre su desintegración -ya fuera por la salida voluntaria de Grecia o por la expulsión de Atenas tras acumulación de tarjetas amarillas- fueron portada casi diaria de periódicos y telediarios del mundo entero. No obstante, y pese a haber sobrevivido a quienes auguraban su desastre, los 17 Estados del euro han entrado en 2013 sin haber resuelto el acuciante problema de la crisis de deuda soberana, que marcará el paso del año.
No en vano, Grecia aún está en la jaula de los leones por sus problemas políticos y su elevadísima deuda. España ha aplacado de momento sus problemas de financiación y relajado la prima de riesgo, pero el rescate en ciernes de Chipre supone otro peligro para la eurozona, por su papel de centro financiero y por su exposición a Grecia. Además, el tamaño del sector bancario chipriota es cinco veces el del PIB del país, ya de por sí atrapado en la reestructuración de deuda helena.
Otro desafío para la eurozona es el de la deuda de Irlanda, el alumno aventajado de la troika, para el que el FMI ha pedido ayuda y comprensión. Además, Italia afronta este año unas elecciones generales decisivas, que pueden dar al traste con la labor del tecnócrata Mario Monti y complicar, de paso, la situación española. Por no mencionar que su deuda pública supera los dos billones de euros.
Francia, la segunda economía del euro, está en el punto de mira de las agencias de calificación, que le han retirado la triple A y la mantienen con perspectiva negativa. Y, por si fuera poco, Alemania, que también irá a las urnas este año, da síntomas de agotamiento.
Aun así, lo cierto es que la crisis de deuda en la eurozona es una crisis inusitada, que ha destapado las nuevas reglas de juego.
El precedente de Atenas
Tradicionalmente, la deuda soberana de los Estados es considerada un activo seguro, y por tanto, el soporte de numerosos productos de ahorro a largo plazo, como los seguros de vida. También la guardan los inversores institucionales a largo plazo, como las compañías de seguros, los fondos de pensiones y los bancos privados. Estos últimos colocan así sus reservas sin riesgo en su moneda y con la garantía del Estado. Además, para pedir prestada liquidez al banco central, las entidades deben aportar en garantía títulos seguros, como los bonos.
La reestructuración de deuda de Grecia cambió ese panorama y abrió una rendija por la que se han colado las dudas sobre la cualidad de la deuda como activo sin riesgo. La razón: los mercados juegan con la dificultad, en la zona euro, de cómo tranquilizar a los acreedores, cuando existe una sola moneda y 17 deudas públicas de 17 países. Pero es que, además, la cumbre de Deauville, en octubre de 2010, aprobó la iniciativa alemana de contemplar la suspensión de pagos en la zona euro en el contrato de la emisión de su nueva deuda. Las cláusulas de acción colectiva (CAC) se aplicarán a las nuevas emisiones obligatorias públicas de los Estados europeos desde el 1 de enero. Se trata de cláusulas que pretenden dar garantías a los inversores sobre un tratamiento equitativo en relación con los acreedores públicos.
La eurozona lucha, además, con la dificultad de que los bancos centrales de Japón, Reino Unido o EEUU actúan sobre su deuda soberana con tasas cero y mediante la compra masiva de bonos del Tesoro. Algo que no es posible en el club de los 17, ya que la separación entre el BCE y los Estados implica un riesgo de que, en los mercados, se trate la deuda de los miembros más frágiles como si fuera deuda privada. Puesto que el BCE no está adscrito a un Estado legitimado para recaudar impuestos, no puede actuar como prestamista de última instancia.
Mario Draghi, el presidente del BCE, está teniendo mil dificultades para sacar de los mercados la deuda de los Estados. Según los expertos, una solución técnica sería que la eurozona garantizara conjuntamente el capital del BCE para permitirle comprar tanta deuda como fuera necesario para mantener tipos soportables. Pero toda solución institucional duradera pasa por crear un mínimo requerido de soberanía federal que permita al BCE cumplir su papel de banco central y al euro, ser una verdadera moneda soberana. La unión bancaria es el primer pilar; el segundo sería un instituto presupuestario federal que coordinara las políticas de finanzas.
Mientras tanto, a finales de diciembre, Standard & Poor's subió seis escalones la calificación de la deuda griega. Es decir, el prestigio crediticio del país recupera algo de credibilidad. Sin embargo, la bendición de la agencia sólo se produjo después de que la eurozona acordara el siguiente tramo del rescate. Y, por supuesto, tras el compromiso de seguir con los ajustes.
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