La farmacia española vuelve a estar en jaque. Las líneas maestras del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que ha presentado el Ministerio de Economía y Competitividad desmantelarían el actual modelo, según los farmacéuticos, al liberalizar la propiedad de las boticas. La reforma supone un cambio de las normas de juego en toda regla, ya que hasta ahora sólo estos profesionales pueden ser propietarios y titulares de una única farmacia. Nadie en el departamento que dirige Luis de Guindos ha defendido públicamente la propuesta que, desde que se filtró a fin de diciembre, tiene en ascuas a la farmacia española.
El borrador, que mantiene la titularidad de los establecimientos en manos de los farmacéuticos, ha sorprendido y disparado todas las alarmas en un sector muy castigado durante los tres últimos ejercicios por los impagos de las recetas y una caída del 22,5 por ciento del gasto en recetas, que supone cerca del 80 por ciento de su facturación.
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF) ha comenzado a mover fichas en defensa de un sistema que tiene como valedor al propio Ministerio de Sanidad. "Gracias a este modelo, que garantiza que la farmacia es uno de los establecimientos sanitarios más cercano a los ciudadanos, ha sido posible avanzar en el buen uso de los medicamentos, así como en la adherencia terapéutica de los pacientes crónicos o polimedicados", sostiene en un comunicado remitido a este diario.
Todos a una, los colegios farmacéuticos reclamarán por carta el apoyo de las consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas, según decidieron en su última asamblea extraordinaria. Los presidentes de los colegios españoles decidieron además un manifiesto que advierte de que un cambio en la propiedad "no va a producir un ahorro en el gasto público en medicamentos, ya que el gasto depende del precio de los medicamentos regulado por la Administración y de las recetas que necesite el paciente".
La reforma de la farmacia impulsada por Economía tiene muchos escollos. Implicaría una revisión a fondo de la legislación farmacéutica para autorizar, por ejemplo, la posibilidad de tener en propiedad más de una farmacia y dar entrada así a grandes grupos empresariales para formar cadenas de farmacia, auténtico temor del sector.
Sin medias tintas, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe) alegó el pasado viernes que la eliminación de la reserva exclusiva de propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico supone la "entrega del sector a las grandes corporaciones", ya se trate de grandes superficies o de multinacionales de la distribución como Celesio o Alliance Boots. "Nos negamos a entregar los servicios farmacéuticos a grupos económicos cuyo primer objetivo es el mercantil, que prima sobre cualquier otro como el sanitario. La farmacia no se vende", dijo el presidente de Fefe, Fernando Redondo.
La patronal mayoritaria cree que el cambio en la propiedad destruirá empleo y provocará el cierre de tres de cada cuatro farmacias en el plazo de cinco años. Esta asociación cree que, con la medida, desaparecerán los establecimientos en zonas de poco interés mercantil.
Aval europeo
Los farmacéuticos se escudan en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que frenaron los intentos de la Comisión Europea por liberalizar el sector a través de expedientes de infracción abiertos a España, entre otros países. "Un farmacéutico que sea propietario de su farmacia es independiente económicamente, lo que garantiza el libre ejercicio de su profesión", asegura la Corte de Luxemburgo en su sentencia del 19 de mayo de 2009. Además, recuerdan que la Directiva de Servicios de 2006 no se aplica a las profesiones sanitarias. Tampoco convence que el Ministerio de Economía admita la necesidad de mantener como titular a un farmacéutico al frente de la farmacia. "La experiencia indica que se reduce el número de farmacéuticos por farmacia", asegura Fefe.
La desregulación de la propiedad no es la norma en Europa. Al contrario, aseguran los farmacéuticos: Alemania, Austria, Francia e Italia, además de otros ocho Estados, obligan a que sólo un farmacéutico independiente puede explotar la farmacia. La reforma plantea otro interrogante económico que el Gobierno deberá aclarar. No tiene ningún sentido liberalizar la apertura de farmacias sin que se acompañe de la libertad de precios, ya que lo uno sin lo otro se traduciría "en una ineficiente proliferación de establecimientos", como reconoció el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia en su informe de 1995. "Un cambio en la propiedad no va a producir un ahorro en el gasto pues los precios del 80 por ciento del mercado están regulados por el Estado", recuerda el CGCF.