La Generalitat de Cataluña presionó a Acciona para firmar la adjudicación del millonario contrato de Aguas del Ter Llobregat y poder así pagar las nóminas de los funcionarios con el cobro del canon inicial de 298 millones.
Según fuentes consultadas por elEconomista, el Gobierno de Mas lanzó una seria advertencia a Acciona, a la que le indicó que si no firmaba el contrato de adjudicación el 27 de diciembre, dejaría sin efecto la adjudicación aprobada el 6 de noviembre y procedería a adjudicárselo a Agbar.
Sorprendentemente, tanto la empresa de la familia Entrecanales como Agbar, estaban dispuestas a esperar a que se resolviera el recurso presentado por esta última el 23 de noviembre antes de sellar oficialmente este acuerdo para evitar así riesgos innecesarios.
De este modo, las necesidades económicas del Govern tuvieron un peso importante a la hora de acelerar los trámites de la firma, un hecho que comenzó al levantarse la suspensión del procedimiento de supervisión del contrato adoptada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC).
Este organismo, dependiente de la Consellería de Presidencia de la Generalitat, levantó dicha suspensión de la adjudicación apenas unas horas después de haber recibido el expediente administrativo.
La OARCC, tal y como se recoge en la resolución del 30 de noviembre, a la que tuvo acceso elEconomista, justifica su decisión "ponderando los intereses en juego" y al considerar que "el interés público que se alega es superior a los perjuicios que podrían derivarse por la recurrente del levantamiento de la suspensión", pero no detalla cuáles son dichos motivos, ni quién los alega más que una breve justificación en que el contrato corresponde a un servicio básico como el de suministro de agua.
Un movimiento acelerado
Levantada la suspensión no existía ya obstáculo para la formalización del contrato, al tiempo que el recurso presentado por Agbar seguía estudiándose, lo que posibilitó la firma de la adjudicación el 27 de diciembre y la toma de control de Aguas del Ter Llobregat desde el 1 de enero de 2013.
Con este escenario, la Generalitat pudo utilizar los 298 millones ingresados por el canon del contrato para hacer frente al pago de las nóminas de los funcionarios y lo cerró antes de final de año para poder anotarse los 995 millones de reducción de déficit impuesto por Hacienda. La decisión de levantamiento de la suspensión de la OARCC además no era susceptible de recurso, lo que llevaba inexorablemente a la firma al ganador del concurso: Acciona.
Posteriormente, el esperpento se hizo mayor cuando el mismo organismo que facilitó la firma decidió aceptar parcialmente el recurso presentado por Agbar y desató una batalla judicial por este millonario contrato que ahora acaba de comenzar en el TSJ de Cataluña.
La resolución de la OARCC, a la que tuvo acceso este diario, muestra tambien los movimientos acelerados que realizó su director, Juan Antino Gallo, ya que erró incluso en la normativa a aplicar y se vio forzado a enviar una aclaración posterior para corregir la resolución, tal y como le solicitó la Generalitat al darse cuenta del error.
Las resoluciones de la OARCC ponen fin a la vía administrativa y son directamente ejecutivas sin que se pueda realizar ningun recurso administrativo, sino únicamente acudir a la vía del contencioso administrativo en un plazo de dos meses desde la resolución.
Los órganismos de contratación pueden solicitar, cuando sea necesario para la ejecución de dicha resolución, la aclaración del contenido del acuerdo, algo que se realizará en el caso de que sea procedente en un plazo de cinco días desde su solicitud.
Por el momento, se desconoce si este requerimiento se ha realizado, pero la Generalitat ya aseguró que se personaría en el juzgado para defender su adjudicación, tal y como hizo ayer finalmente para pedir que se rechazara la decisión de la OARCC.
Si se aplicara la decisión de este organismo tendría un efecto en los recibos del agua de Barcelona.
Precio del agua
Según los datos que figuran en las ofertas presentadas, la tarifa media presentada por Acciona Agua es de 0,708 euros por metro cúbico, frente a los 0,79 euros del consorcio de Agbar, lo que supone una diferencia del 11,45 por ciento. Si se tiene en cuenta los datos del consumo anual de agua registrados por ATLL, de 211 millones de metros cúbicos, el coste entre una oferta y otra rondaría los 860 millones para los 50 años de concesión, ya que cada año la oferta del consorcio de Agbar sería 17,2 millones más cara.
Los servicios jurídicos de Acciona Agua están examinando detenidamente la resolución y preparando a la vez las acciones legales necesarias para defender los intereses de su consorcio y de la compañía después de la resolución en contra de un organismo de la Generalitat.
El juez pide explicaciones a la Generalitat
