El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió ayer un auto por el que da cinco días a la Generalitat de Cataluña para que explique sus previsiones de ejecución de la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) sobre el contrato de privatización de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
El auto del TSJC responde a la solicitud presentada el pasado miércoles por Agbar ante el tribunal para que se adopte "una medida cautelar urgente consistente en la suspensión de los efectos de la formalización del contrato" de adjudicación de ATLL a la constructora Acciona. La compañía que preside Ángel Simón solicita al juez "el apercibimiento a la Administración demandada [la Generalitat] para que impida la toma de posesión de las instalaciones del servicio por parte de la empresa contratada [Acciona], asuma el personal de la empresa pública y dé comienzo a la gestión del servicio".
Agbar teme que si se produce el desembarco de los gestores de Acciona en ATLL, luego sea mucho más difícil invalidar el contrato, tal y como defiende la compañía catalana. En su escrito TSJC, Agbar proponía que el servicio continuara siendo prestado, como antes de la privatización, por el personal de ATLL, hasta que se resuelva el caso.
El TSJC ofrece a la Generalitat un plazo de cinco días, en lugar de los diez previstos con carácter ordinario como suele ser habitual en estos casos, porque considera que "resulta particularmente relevante la audiencia de la Administración" para obligarle o no a cumplir con la resolución del OARCC. El juez desea conocer si la Generalitat tiene intención de ejecutarla, en cuyo caso el contrato de adjudicación no tendría efecto, o no la quiere ejecutar y entonces la administración catalana debe fundamentar su decisión debidamente y el tribunal debe aceptar o no esos argumentos.
Por su parte, ayer Acciona aseguró ayer que "el contrato sigue siendo válido y eficaz y vincula a las dos partes (Generalitat y Acciona)". Además, la empresa afirma que ya "ha tomado posesión del servicio desde el 1 de enero como era su obligación y del que no puede hacer dejación".
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