La última propuesta del Gobierno en el Senado para aumentar el impuesto a la generación eléctrica del 6% al 7% ha hecho saltar las alarmas en el sector eléctrico, consiguiendo incluso que las energías renovables y las tradicionales compartan opinión: un rechazo total hacia este nuevo aumento.
El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), en declaraciones a elEconomista, ha dejado claro que este incremento de la tasa "puede ser muy lesivo para el sector, que en estos momentos está francamente preocupado". De hecho, Eduardo Montes considera "incomprensible y decepcionante que las compañías eléctricas no sean una prioridad para el Gobierno". Además, el representante de la patronal eléctrica califica el contenido de estas iniciativas como "un castigo a las eléctricas", que a su parecer, "tampoco solucionará el problema del déficit de tarifa". En este sentido, puntualiza que "se penaliza a las energías más eficientes y no se ataja la verdadera causa del déficit tarifario: las primas a las tecnologías inmaduras".
Por otro lado, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), defiende que se puede resolver el déficit de tarifa sin condenar al sector renovable, "si se reduce la compensación excesiva de algunas tecnologías y se gravan todas las actividades del sector eléctrico, no solamente la generación".
La patronal critica además la actitud del Partido Popular, que "ignora al sector renovable e introduce en el Senado enmiendas aún más perjudiciales para las empresas y los consumidores". El aumento de la tasa al 7%, "supone un nuevo golpe para el sector y una nueva decepción de un Ministerio que, públicamente, habla de diálogo pero desoye todas las propuestas recibidas", indican.
El sector fotovoltaico, que ya soporta un recorte retributivo del 30% durante los años 2011, 2012 y 2013 aprobado por el anterior Gobierno, considera que la subida del tipo impositivo a un 7% llevará a numerosas instalaciones a concurso de acreedores. Además, explican que las reducciones de ingresos que afectan a la fotovoltaica, a diferencia de lo que ocurre con las demás tecnologías de generación, no son repercutibles a los consumidores, por lo que directamente deben ser asumidas por los productores solares.
Golpe mortal del Gobierno
Por su parte, el presidente de Protermosolar, Luis Crespo, denuncia que cambiar las condiciones de retribución a esta tecnología "destruirá casi gratuitamente un sector", ya que las plantas termosolares verán disminuir sus ingresos en más de un 22%. El directivo considera además que esta medida "generará un daño incalculable a la economía española, situando a nuestro país entre los más inseguros para inversiones extranjeras". Del mismo modo, Crespo indicó que esta medida "abocará al Gobierno a enfrentarse a demandas ante los tribunales internacionales y hará irreversible nuestra pérdida del liderazgo global".
El sector eólico se une a todas estas reclamaciones, puesto que según los cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), sería el sector que más tendría que pagar en términos absolutos, puesto que el impacto sería de unos 300 millones de euros, "una cantidad inasumible para unas empresas que ya atraviesan serias dificultades". Por eso, no comprende que se tomen medidas que penalicen injustamente a una tecnología que se ha desarrollado de acuerdo a los objetivos del regulador. Por todo ello, AEE considera que la enmienda que el PP ha presentado en el Senado no debería ser aprobada, ya que provoca más perjuicios que beneficios y supone que, tras el trámite parlamentario del proyecto de ley, todas las incertidumbres continúan abiertas.
¿Cuánto deben los consumidores a las eléctricas?
