Se han dado pasos, meditados o al hilo de las circunstancias, pero no los suficientes: éste puede ser el corolario de los 365 días que cumple hoy el PP desde su victoria. Mariano Rajoy ha tenido que lidiar con "la más fea" de las crisis: advertencias desde Bruselas, niveles inéditos de la prima de riesgo, nacionalización de varias entidades financieras, amenaza de rescate... Y en respuesta a todo esto, un equipo de Gobierno que ha emprendido reformas en todos los frentes posibles. Un año sin celebración.
No acaba de llegar una ley de emprendedores para allanar el camino empresarial, siguen sobrando estructuras administrativas, personal y empresas, sobre todo a nivel autonómico y local, sigue perdiéndose por el desagüe gasto público, no termina de aflorar el dinero negro, y el elevado paro juvenil es algo que, simplemente, no se puede soportar.
El mayor ajuste de la historia... y lo que queda por hacer
El 12 de junio, Rajoy anunciaba ante el Congreso un ajuste de 65.000 millones de euros, el mayor de la democracia. Subidas del IVA; eliminación de pagas a los funcionarios; poda en la Administración Local; un 10% de recorte en las prestaciones; hachazo a la Dependencia; recorte adicional de 600 millones en los Ministerios...
Para la historia quedará la frase del presidente, Mariano Rajoy : "No he cambiado de criterio, pero han cambiado las circunstancias". Un año más tarde, la sensación es que el debe de Rajoy supera a su haber. En la primera de las columnas: la tan cacareada Ley de Emprendedores, el vital ajuste autonómico y local y el cierre de empresas públicas, entre las muchas asignaturas pendientes.
El largo camino de un rescate que no acaba de cristalizar
Más de medio año dando vueltas al tema del rescate español. Uno sui generis que no replicará -eso sí ha quedado claro- a los de Grecia, Portugal e Irlanda. Es más, en nuestro caso, sólo parece hablarse de un rescate bancario, precipitado por la caída de Bankia.
Se encarga a dos consultoras externas las necesidades de la banca, que se cifran en una horquilla de entre 51.000 y 62.000 millones de euros y se lanza la idea de que el dinero del rescate vaya directamente a las entidades, sin computar déficit, idea que no convence al mayor contribuyente europeo: Alemania.
Pero... ¿qué ha pasado con el temido, a la par que necesitado, rescate al país? Con la prima de riesgo en zona verde, Mariano Rajoy prefiere no azuzar demasiado esa bicha.
Una contestada reforma laboral para abaratar el despido
La primera huelga de la legislatura de Rajoy y la séptima de la era democrática, el 29 de marzo, tuvo un leit motiv claro: la reforma laboral que la ministra Báñez presentaba el 10 de febrero. Fue duramente criticada por los sindicatos y los partidos de izquierdas.
Especialmente, su punto más controvertido: el abaratamiento del despido, por el que pasa a a reducirse la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, mientras que en los despidos objetivos se generaliza a 20 días Por otra parte, las empresas -o grupos de empresas- de más de 500 trabajadores tendrán que indemnizar al Estado por los empleados prejubilados que tengan 50 años o más.
Una amnistía fiscal ambiciosa... que sólo alcanza el 2%
Una de las reformas emprendidas y más controvertidas es la de la amnistía fiscal. Con el ánimo de dar nuevos bríos a la recaudación, el departamento de Hacienda, dirigido por Montoro, lanzó una medida extraordinaria para regularizar dinero oculto, que pasaría a tributar a un 10%. Esto sucedía en abril. Hoy, el resultado no colma las expectativas: la recaudación es de 50,4 millones de euros, apenas el 2 por ciento de lo que se esperaba ingresar, 2.500 millones. Y eso que la medida expira el próximo 30 de noviembre.
Con todo, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, indicó ayer que el 80% de los contribuyentes que se han mostrado interesados por la amnistía han iniciado ya los trámites.
Dos reformas para un sistema financiero herido por la crisis
Problemas endogámicos del sector, como la deficitaria gestión por parte de algunas cajas de ahorros, ya de por sí integrantes de una sobredimensionada red, y otros sobrevenidos por la crisis han herido al sistema financiero. Ha necesitado de varias reformas, hasta el momento, primero las emprendidas por el anterior Gobierno de Zapatero.
En esta legislatura, allá por febrero, se anunció que las entidades deberían contar un colchón de hasta 52.000 millones para cubrir los riesgos, para lo que se habilitó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La segunda reforma de Rajoy, anunciada en mayo, aceleró las fusiones y se obligó a los bancos a provisionar el crédito sano al negocio promotor en 28.000 millones.
Cumplir el déficit o no hacerlo, he ahí la complicada cuestión
A los pocos días de su toma de posesión, el 30 de diciembre, el nuevo Gobierno de Rajoy anunció que el déficit público estimado para 2011 sería el 8% del PIB, lo que suponía una desviación de 2 puntos sobre el 6% previsto por el Gobierno anterior (la cifra validada finalmente ha sido del 9,44%), y aumentaba las dificultades para alcanzar el 4,4% de déficit acordado con la UE para 2012.
En marzo, Rajoy anunció en Bruselas que el objetivo de déficit para 2012, en efecto, tendría que escalar al 5,8%, algo "sensato y razonable", dijo. Pero la realidad se ha impuesto a los deseos y el desgaste económico sitúa la meta en el 6,3%.
Último frente de batalla: el rompecabezas de los desahucios
De aquellos polvos, vinieron estos lodos: las hipotecas subprime a la española han desencadenado un problema social de primer orden: los desahucios. Y ponerles coto no está siendo fácil. Cambiar la Ley Hipotecaria es un supuesto que el Gobierno no ha querido plantearse.
Ello debilitaría aún más la difícil recuperación del sistema financiero. Como solución de emergencia, dos años de moratoria para las familias con un máximo de 19.164 euros al año de ingresos y en situaciones extremas, como estar en paro y contar con hijos pequeños.
El FLA o la urgente necesidad de asistir a las endeudadas CCAA
Que la desordenada gestión económica en las comunidades autónomas se había convertido en una burbuja en sí misma era cosa harto conocida; las evidencias de un sobreendeudamiento masivo en época de vacas gordas se amontonaban y hubo que idear un mecanismo para asistirlas.
Así nació en julio el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una línea de crédito para respaldar a las CCAA ante la dificultad para financiarse en los mercados. La Comunidad Valenciana abrió el fuego a lo grande, solicitó 4.500 millones y provocó que la prima de riesgo escalase por encima de los 600 puntos. Luego desfilarían Murcia, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Asturias y Cantabria.
Tijeretazo de 10.000 millones de euros en sanidad y educación
En abril, el Gobierno anunciaba un recorte adicional de 10.000 millones a los 27.000 millones de euros previstos en los Presupuestos presentados en marzo, que afectaban a educación (unos 3.000 millones) y sanidad (7.000), partidas que en las Cuentas Públicas ya habían padecido un recorte del 21 y del 14%, respectivamente. Entre las medidas concretas, el Gobierno aprobaba el copago farmacéutico, incumpliendo sus promesas electorales.
Con éste, los pensionistas pagan el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, en función de la renta. En materia educativa, aumentaba la ratio de alumnos por aula un 20% y el número de horas lectivas del profesorado.
Falta la poda final del sobredimensionado sector público
Si hay una tarea esencial pendiente para el Gobierno, esa es actuar sobre el sector público, no sólo en el ámbito del personal, en el que sí se han producido reconocidos avances, sino en el estructural, racionalizando recursos y sobre todo llevando a cabo el anunciado cierre de sociedades públicas.
En el primer frente se han reducido puestos directivos y limitado la oferta de empleo público, entre otras medidas, pero el segundo frente es el que más quebraderos de cabeza provoca. Y muy en concreto, a cuenta de las autonomías y ayuntamientos. Se calcula que disponen de 3.000 empresas de las que, en una primera fase, han de cerrar 600. ¿Balance, hoy, según el secretario de Estado Beteta? Sólo lo han hecho dos.
Todavía urge podar autonomías