Mucho ruido y poco ambiente. Ese es el panorama que presentaban ayer las principales ciudades españolas en la jornada previa a la que será la segunda huelga general de este año y la novena de la democracia. Un paro con más connotaciones políticas que laborales y que supondrá un coste para la economía española de entre 700 y 2.000 millones de euros, en función del seguimiento de la convocatoria.
Ruido, por las declaraciones y el calentamiento previo de los sindicatos convocantes y de los partidos políticos de oposición que se apuntan o incitan a las movilizaciones. Y la frialdad del ambiente no es sólo climatológica, sino que se desprende de los comentarios de la ciudadanía y de los muchos colectivos de trabajadores que han anunciado públicamente que no secundarán una movilización que, sea cual sea el resultado, perjudica gravemente los intereses de España como pías y de cada uno de sus ciudadanos en particular.
De hecho, el sindicato mayoritario entre los trabajadores de la función pública, la CSI-F, fue el primero en desmarcarse de CCOO y UGT -muy minoritarios en las administraciones-, al considerar que tras esta huelga hay "un componente político" y que los trabajadores "no están para poner ni para quitar gobiernos, o para compartir pancarta o cabecera con líderes políticos de ningún partido".
En la misma línea, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) sustenta su rechazo al paro porque "aunque existen sobrados motivos de repulsa contra los efectos de la crisis tras esta huelga subyacen motivos de carácter ideológico o partidista". Mientras que, desde el sindicato de enfermería, SATSE, se asegura que "la huelga conlleva otro tipo de objetivos que trascienden el ámbito laboral".
De igual manera, o parecida, se pronuncian la mayoría de los trabajadores autónomos, un sector cuyo seguimiento de la huelga se espera que sea todavía inferior al que se registró el pasado 29 de marzo, cuando el seguimiento del paro general apenas superó el 10% del total del colectivo.
Especialmente significativos han sido los pronunciamientos en contra de la huelga de las organizaciones más representativas del comercio, hostelería y el taxi, integradas en ATA, que abrirán o saldrán a trabajar en todas las comunidades autónomas. "El único miedo son los piquetes", aseguran responsables de estos colectivos.
El coste de la huelga
Y respecto al coste, de la huelga todo va a depender de cual sea el seguimiento aunque podría elevarse hasta 2.900 millones de euros si se alcanzará un seguimiento en torno al 70% del total de los trabajadores, cifra difundida por los sindicatos en el paro del pasado 29 de marzo, pero que se demostró muy alejada de la realidad.
El coste de la huelga se obtiene de dividir el PIB nacional entre los 251 días laborables de calendario español y teniendo en cuenta que la riqueza que se genera en cada uno de estos días se estima en torno a 4.200 millones de euros, importe en el que se vería reducido el PIB en caso de paralización total.
Estos cálculos, asumidos oficialmente por la Administración, los sindicatos y las patronales CEOE y Cepyme, reducirían a 2.000 millones en el caso de que pararan un 45% de los trabajadores, y a sólo 700 millones si el seguimiento es del 26%, tasa ésta que es la admitida por el gobierno en la últimas huelgas generales.
Al coste económico, sea cual fuere, habrá que añadir también el daño a la imagen país en el exterior con sus consiguientes repercusiones sobre la prima de riesgo y los tipos de interés de nuestra deuda.
Desde el lado del Gobierno, se insiste en que el éxito o el fracaso de la huelga no va a cambiar la política económica y el propio presidente del Gobierno afirmaba ayer en el Congreso Nacional de Directivos de la APD, en Valencia, que "tenemos fijado un rumbo y no tengan ninguna duda de que vamos a mantenerlo", al tiempo que defendió la reforma laboral que, dijo, ya está dando "los primeros resultados".
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Directo | Huelga General del 14-N
