París, 27 mar (EFECOM).- La OCDE llamó hoy a Luxemburgo a modificar su legislación contra la corrupción y, entre otros puntos, a introducir la responsabilidad de personas jurídicas en materia de corrupción trasnacional, acompañada de sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias".
En la actualidad es imposible perseguir y por tanto condenar a las empresas que cometen actos de corrupción, ya que Luxemburgo no reconoce la responsabilidad de personas jurídicas, según la OCDE.
Esta y otras recomendaciones figuran en un informe del grupo de Trabajo sobre la corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tras analizar la aplicación por Luxemburgo del convenio anticorrupción de la institución.
Según informó la OCDE en un comunicado, el proyecto de ley que está ahora sobre la mesa del parlamento luxemburgués debe ser modificado para cumplir las exigencias de dicho convenio.
El grupo se declara muy preocupado por el hecho de que Luxemburgo no haya reaccionado a ciertas "importantes" recomendaciones que le ha dirigido desde 2001.
Como medida "excepcional", el grupo ha decidido proceder de aquí a un año a un nuevo examen de las medidas que tome ese país para cumplir las recomendaciones y se reserva el derecho de tomar cualquier otra medida necesaria en caso de incumplimiento persistente del convenio.
Entre las principales recomendaciones del informe figura la adopción cuanto antes por Luxemburgo de la responsabilidad de personas jurídicas en caso de corrupción trasnacional.
Para mejorar el dispositivo de lucha contra la corrupción de Luxemburgo, también se le pide que facilite la obtención de información por sus autoridades judiciales ante los establecimientos bancarios del país.
Asimismo se insta a Luxemburgo a imponer a las empresas sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias" y a garantizar la competencia de los tribunales de Luxemburgo en actos de corrupción cometidos en el extranjero por sociedades de ese país.
Luxemburgo también deberá hacer más esfuerzos para sensibilizar a las pymes sobre el delito de corrupción de funcionarios extranjeros y para crear un régimen de protección para quienes den la alerta. EFECOM
al/jla
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