El Gobierno sigue dando vueltas a la fórmula para cumplir las exigencias de Bruselas sobre el recorte del sistema de pensiones. Una cuadratura del círculo en el que el Ejecutivo de Rajoy busca satisfacer la voracidad del puritanismo merkeliano pero evitando, al mismo tiempo, incumplir la única promesa a la que todavía no se ha visto obligado a renunciar: mantener la universalidad y el poder adquisitivo de las prestaciones por jubilación.
Es por ello que nadie en el Gobierno se ha atrevido a contestar aún con claridad, en el Parlamento y en la calle, a si va a revalorizar las pensiones en noviembre. Y, es también por eso, por lo que el presidente Rajoy se ha comprometido a llevar al Pacto de Toledo, antes de finalizar este mes, un proyecto de reforma de la jubilación anticipada y a tiempo parcial que, en la práctica, va a suponer un endurecimiento de las condiciones y retrasar hasta al menos los 61 años, la edad mínima para acogerse a este tipo de cese anticipado de la vida laboral.
La propuesta que el Ejecutivo español ha remitido a Bruselas tiene como eje básico equiparar la edad real de jubilación, que ahora esta en torno a los 63 años y medio, a la edad legal de 65 años.
Para ello, y además de ampliar hasta los 61 años la edad mínima para acogerse a la jubilación anticipada y a tiempo parcial, la propuesta que el Gobierno llevará al Pacto de Toledo incluye aumentar en tres años el período de cotización a la Seguridad Social exigido para optar al retiro anticipado o parcial, que pasaría a 33 años cotizados, frente a los 30 que se exigen en la actualidad.
También se elevarán los coeficientes de reducción sobre la pensión teórica de los prejubilados, que podría llegar hasta el 1,875 por ciento trimestral.
Además, este mínimo de 61 años se aplicará sólo a los trabajadores que resulten afectados por un Expediente de Regulación e Empleo (ERE) o por cierre empresarial. Para aquellos trabajadores que quieran acogerse a una jubilación anticipada voluntaria, la edad mínima se eleva hasta los 63 años.
Pensiones e IPC
Respecto a la revalorización de las pensiones, el Gobierno tiene un cosa clara. Si se va a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Lo que no sabe, o no quiere decir todavía, es como, en qué cuantía y a quiénes.
En principio parece descartada la fórmula de revalorizar en función de un IPC descafeinado, en el que se descuente el impacto de la subida del IVA, es decir de utilizar como referencia para la revalorización un IPC a impuestos constantes, alternativa propuesta por el Ministerio de Economía, pero que no parece contar con el apoyo de Rajoy y del resto de los pesos pesados del Ejecutivo.
Así las cosas, las dos propuestas que ahora están sobre la mesa del Ejecutivo -sin desestimar que al final se aplique la subida tradicional por desviación del IPC- son la de efectuar la paga de revalorización en dos o tres plazos, y no de una vez en febrero, y la de compensar solamente a las pensiones más bajas. En este punto, fuentes próximas a La Moncloa, apuntan que la revalorización se aplicaría sólo a las pensiones inferirores a 600 euros.
La revalorización de todas las pensiones supondría un desembolso extraordinario de unos 3.000 millones de euros de las arcas públicas, que el Gobierno quiere reducir.
El Gobierno propone retrasar la jubilación anticipada
