La Cámara de Cuentas de Andalucía, presidida por el consejero mayor a propuesta del PSOE Antonio López, exoneró ayer en su esperado informe al hoy presidente José Antonio Griñán y a su antecesor, Manuel Chaves, de cualquier responsabilidad en la gestión de las partidas presupuestarias que financiaron el fondo de reptiles para financiar ERE y a empresas con total arbitrariedad entre 2001 y 2010.
En paralelo, y recogiendo datos de la consejería de Economía y Empleo, el documento cifra en 126 los intrusos -personas que nunca trabajaron en las empresa en cuyos ERE aparecían incluidos- y en 189 los expedientes de ayudas a empresas bajo sospecha.
Un fraude de 150 millones de euros
Por ambos conceptos, la Junta identifica al menos 153 millones malversados -12,3 millones por falsos trabajadores y el resto por ayudas discrecionales a empresas- de los 721 millones que se gestionaron desde la partida presupuestaria 31.L en esa década. El Gobierno andaluz ya ha solicitado el reintegro de la mayoría de ese importe global.
En cuanto a la vertiente política del documento, y su posible traslación a responsabilidades judiciales, el Partido Popular pidió ayer a la Cámara que entregue el expediente completo acumulado para redactar el informe, tal y como el presidente de la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE, Ignacio García (IU), ya hizo en septiembre pasado.
Los populares critican que el documento final haya eliminado referencias relevantes incluidas por los técnicos y auditores de la Cámara en el anteproyecto del informe. Este anteproyecto se transforma luego en informe provisional, y más tarde en definitivo, que es el presentado ayer. En esos pasos intermedios es donde se han suprimido referencias al papel de Griñán durante su etapa como consejero de Hacienda (2004-2009).
En concreto, ese anteproyecto recogía catorce casos de modificaciones presupuestarias mayores de tres millones que fueron aprobadas, debido a que superaban ese importe, en el consejo de Gobierno de la Junta que presidía Chaves entre 2001 y 2010 con el apoyo de los titulares de Hacienda en esos años, Magdalena Álvarez hasta 2004 y luego Griñán. Modificaciones que suman 125 millones.
Abuso y discrecionalidad
El documento censuraba que "no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta". Y ello porque utilizaban la vía de la transferencia de financiación a la agencia pública IDEA, que pagaba las pólizas a los trabajadores y las ayudas a empresas -todo ello por orden de la consejería de Empleo-. Ese tipo de transferencia exige menor control y fiscalización que la fórmula de las subvenciones excepcionales, que es la que la Cámara identifica como la idónea.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE en Sevilla, tiene la lupa puesta, entre otros aspectos, en las decisiones que tomó el consejo de Gobierno entre 2001 y 2010 sobre la partida 31.L.
Junto a ello, el informe definitivo detecta "un abuso del margen de la discrecionalidad administrativa" en la concesión de ayudas a empresas, de la que podrían derivarse, entre otras, responsabilidades contables y administrativas. Y critica que se han otorgado ayudas a empresas y personas "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido", coincidiendo con la juez.
Entidades
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