En España esta cifra supera el 73% y los expertos recomiendan acbar con la figura del trabajo de por vida.
El concepto del funcionariado que existe en España debe ser modificado. O dicho de otro modo, avanzar hacia el modelo europeo. Es la opinión de los expertos, que apuestan por que la figura del funcionario que tiene un empleo de por vida, y al que no se le puede despedir bajo ningún concepto, debe quedar reservada para aquellas profesiones que por su labor requieran una protección y una independencia. Es el caso de magistrados, jueces, inspectores, fuerzas del orden público, etc.
Ésta ha sido una de las reivindicaciones que el Círculo de Empresarios realizó recientemente, cuando presentó su valoración sobre los PGE del próximo ejercicio. El problema viene de lejos.
Desde que se aprobó la Constitución, explica el Círculo, el número de empleados públicos en nuestro país se ha multiplicado por cuatro, hasta superar los tres millones. Ello nos supone la mitad de todo el gasto público. Un gasto difícil de amortizar, puesto que en España el 73,63 por ciento de los funcionarios tienen garantizado su empleo de por vida.
Este dato contrasta notablemente con lo que ocurre en Europa, donde generalmente el porcentaje de funcionarios vitalicios se sitúa en el 10 por ciento. Ese es el caso, por ejemplo, de Reino Unido y los países escandinavos, donde incluso no lo tienen garantizado.
En los años 80, explica el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Lahera, se amplió mucho el concepto de funcionario. Así, muchas personas que trabajaban para la Administración Pública pasaron a tener estatus de funcionario.
Ello ha sido compensado posteriormente con el personal laboral, aquellos trabajadores que firman un contrato con la Administración, y que son, en opinión de los expertos consultados por elEconomista, el colectivo que más perjudicado se va a ver ahora con el ajuste del sector público.
Las nuevas condiciones, claras
Los expertos reconocen que ya no se pueden suprimir unos derechos adquiridos. Sin embargo, recomiendan que se realice una reconfiguración para que de ahora en adelante quienes se presenten a las oposiciones para un puesto en la administración pública entren con un estatus diferentes.
En este sentido, el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Joaquín Trigo, explicaba recientemente que de ahora en adelante se deberían reducir las oposiciones y quienes entren en las Administraciones Públicas lo hagan "sabiendo dónde entran".
Por su parte, el profesor Lahera apunta a que con independencia del número de oposiciones que se convoquen, lo que se podría hacer es dejar claras las condiciones nuevas en las que entra el funcionario en el sector público.
De momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha optado por una serie de medidas, como la no reposición de empleados públicos que se jubilan.
Desde el Círculo de Empresarios han celebrado esta medida incluida en el Plan Nacional de Reformas. España 2012, aunque Trigo reconoce que la tarea es compleja. Habría que cambiar las leyes, y eso "no es nada sencillo". "Los funcionarios también están en el Parlamento", recuerda el director general del IEE, y es "muy difícil" que los políticos vayan en contra de sus propios intereses o de los intereses de su entorno.
Laboralizar al funcionariado
Pero, ¿qué implicarían las nuevas condiciones? El Círculo de Empresarios ha presentado su alternativa. Para ello, ha realizado una comparativa con otros países de nuestro entorno. Entre las propuestas se encuentra la posibilidad de rescindir un contrato por el bajo rendimiento del funcionario de forma semejante al sector privado, como sucede en Reino Unido y en Suecia, Dinamarca y Finlandia.
También hay países en los que incluso está contemplado en la legislación, como es el caso de Holanda, Francia o Bélgica.
De hecho, hay otros países en los que se puede rescindir el contrato con un funcionario siempre que las razones económicas o estructurales así lo exijan. Holanda, Reino Unido, Suecia o Finlandia son algunos de los de nuestro entorno donde esa posibilidad se puede convertir en un hecho.
El lastre de las CCAA
Desde el año 1995, el número de empleados públicos creció en un millón. Sin embargo, esa cantidad se concentró, en su mayoría, en las comunidades autónomas. De hecho, tres cuartas partes de los empleados del sector público se encuentran en las autonomías o en las corporaciones locales. Por ello, también tres cuartas partes del coste salarial de estos empleados se concentra entre comunidades autónomas y ayuntamientos.
Aquí de nuevo surge el debate de las duplicidades. Las autonomías han duplicado organismos como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado. Además, a ello se suman las 13 oficinas comerciales o centros de negocios autonómicos que tienen las autonomías. Ello, por supuesto, con una infraestructura que implica directamente la contratación de personal.
Todas estas acciones son las que han llevado a que en la década previa a la crisis, el gasto en personal de las administraciones públicas avanzara a un ritmo del 7 por ciento anual, hasta representar casi el 11 por ciento del PIB en el ejercicio de 2008.
Desde el tercer trimestre de 2007, el empleo público se incrementó un 10 por ciento, con el intento de mantener las cifras de paro controladas. Y es que al mismo tiempo que el sector privado comenzaba a notar los efectos de la crisis y corregía un 14 por ciento en el mismo periodo. Todo ello, al compás del crecimiento del déficit público en nuestro país.
Un déficit que el presidente del Gobierno se ha comprometido a rebajar al 4,5 por ciento en 2013. Para conseguirlo, tal como reconoce el profesor Lahera, los empleados públicos van a ser un objetivo. Con independencia de la procedencia de su administración, pues son las autónomas y locales las que se postulan para el próximo recorte.
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