Montevideo, 26 mar (EFECOM).- El Gobierno y la oposición esperan con expectación el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay sobre la legalidad del Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas (IRPF) aplicado a los jubilados, que podría dictarse hoy.
Esta decisión, que puede conocerse en las próximas horas o a más tardar en lo que queda de semana, se ha convertido en el principal campo de batalla entre el gubernamental Frente Amplio y los opositores Partido Nacional y Partido Colorado, y también en un motivo de enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte suprema.
La semana pasada filtraciones de ese tribunal indicaron que tres de los cinco jueces que integran esa institución decidieron votar por la inconstitucionalidad del IRPF aplicado a los jubilados y pensionistas.
El IRPF lo puso en marcha el izquierdista Frente Amplio en medio de numerosas críticas de la oposición y de amplios sectores de la sociedad, que ahora podrían cuajar en la derogación del impuesto en lo que atañe a los jubilados si se produce una decisión al respecto de la Suprema Corte de Justicia.
De momento se han presentado 375 acciones judiciales contra la aplicación del IRPF a los pasivos y 174 de ellas están siendo examinadas por los ministros de la Corte, como se conoce aquí a los altos magistrados.
La sentencia que se conocerá en breve es la que se refiere a dos acciones interpuestas por la abogada Soledad Uriarte, quien declaró hoy a la prensa que los jubilados a quienes representa harán un "festejo" de confirmarse la filtrada decisión de la Corte Suprema.
"Para todos los jubilados fue muy gravoso, por lo que los jubilados tienen la esperanza de volver a contar con el dinero que se les descontó por el cobro del IRPF", dijo la abogada a la edición digital del diario "El Observador".
En caso de que no se reintegre esas sumas, como se requiere en la causa presentada, Uriarte afirmó que se podría iniciar un juicio "por daños y perjuicios" contra el Estado.
Para hacer frente al recorte presupuestario que supondría el dejar de ingresar ese IRPF a pasivos, el ministro de Economía uruguay, Danilo Astori, ya ha indicado que no se puede sustituir esa imposición tributaria por otra y que, a fin de compensar, se podría suspender la planeada bajada del IVA y recortar inversiones.
La tensión se elevó cuando el Partido Socialista (miembro de la coalición gubernamental) pidió en los últimos días la nulidad del voto de la jueza Sara Bossio, miembro de la Suprema Corte de Justicia, al entender que, puesto que se va a jubilar en breve, podría verse "beneficiada" si se deroga el impuesto.
"Crispación política a horas del fallo de inconstitucionalidad", titulaba hoy el diario "El País", en referencia a las hostilidades desatadas entre el Gobierno y la oposición sobre el esperado dictamen de la Suprema Corte de Justicia.
Los gubernamentales del Frente Amplio han acusado a la oposición de "politizar" la cuestión del impuesto y de aliarse con la prensa para buscar la revocación del IRPF para pasivos.
La Mesa Política del Frente Amplio habló de una campaña de la oposición junto a "los grandes medios de comunicación".
El senador y líder del Partido Nacional o Blanco, Jorge Larrañaga, calificó de "antidemocrática" la reacción de algunos sectores del Frente Amplio y reclamó al Ejecutivo que "cumpla el fallo y derogue la reforma tributaria en lo que tiene que ver con los jubilados y pensionistas.
"La sospecha del Partido Socialista (sobre la jueza Bossio) es inédita, al poner en el ojo de la tormenta a una ministra con 40 años de servicio), añadió Larrañaga.
Por su parte, el Partido Colorado ha presentado un proyecto firmado, entre otros, por el senador y ex presidente uruguayo Julio Sanguinetti que apuesta por la derogación del IRPF a los pasivos después de que se conozca el veredicto de la Corte, y por dejar fuera de las rentas del trabajo a las jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad.
En el documento de los senadores colorados, se afirma que la inconstitucionalidad del impuesto "justifica la pronta intervención" del Parlamento en este conflicto a fin de "recomponer el orden jurídico vigente", a la par que se denuncia la "injusta situación" en que están los miles de jubilados y pensionistas que no han demandado al IRPF.EFECOM
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