Méndez acusa al Gobierno de cargarse las coberturas en los ERE temporales

Madrid, 3 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha denunciado hoy que el Gobierno se ha cargado el mecanismo que permitía que cuando un trabajador resulta afectado por un expediente de regulación de empleo (ERE) puede recuperar la prestación de desempleo consumida hasta un tope de 180 días.

En rueda de prensa para presentar una guía de UGT sobre la reforma laboral y un estudio sobre los 6 meses de aplicación de ésta, Méndez ha explicado que el "golpe" del Gobierno a los ERE temporales o de reducción de jornada está recogido en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2013.

El proyecto de ley fue aprobado el pasado jueves y el sábado siguiente fue entregado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados para que se inicie su tramitación parlamentaria y se ratifique definitivamente antes de que acabe el año.

La legislación actual establece que en un ERE temporal las horas que dejas de trabajar las compensas con el cobro de la prestación por paro, mientras que en el de suspensión el tiempo que no puedes ir a trabajar percibes la prestación por desempleo.

Una vez que se acaba ese tipo de ERE el trabajador vuelve a su puesto de trabajo y en el caso de que la empresa presente otro extintivo recupera hasta 180 días de la cobertura consumida.

En cuanto a los efectos de la reforma laboral, Cándido Méndez ha destacado que sus consecuencias han sido "funestas" en cuanto a destrucción de empleo y deterioro de las condiciones económicas.

En su opinión, además ha incrementado la conflictividad y no ha conseguido "ni por asomo" uno de los objetivos principales que perseguía la reforma: acercar la negociación colectiva al ámbito de la empresa.

El efecto conjunto que ha tenido la reforma ha sido provocar un "atasco gigantesco" en la negociación colectiva, ya que en 2012 sólo se han firmado la tercera parte de los convenios rubricados el año anterior, ha dicho.

Del objetivo de dar mayor primacía al convenio de empresa sobre el estatal o el sectorial, Méndez ha resaltado que el Gobierno no pretendía acercar la negociación a las empresas, sino "eliminarla", lo que, a su juicio, es un "grave error".

Esta intención de acabar con la negociación se ha incrementado de "forma brutal" con el hecho de que transcurrido un año de la denuncia de un convenio éste se quede sin vigencia, tal y como establece la reforma laboral, ha precisado Méndez.

Según el análisis de UGT, los convenios estatales suponen el 2,8 % del total (el 1,6 % en 2011) y engloban al 35 % de los trabajadores (el 28 % en 2011); mientras que los de empresa son el 74 % del total y fijan las condiciones laborales del 9 % de los asalariados con convenio.

Otro dato destacado es que los convenios que incluían una cláusula de jubilación forzosa han caído del 52 al 15 % y que han crecido (del 37 al 39 %) los que pactan grupos profesionales en la clasificación profesional.

Además, los permisos retribuidos de formación profesional no están siendo "masivamente" incorporados en los convenios, al tiempo que repunta la distribución irregular de la jornada (del 27 al 36 %), así como el número de trabajadores afectados por esa medida (del 38 al 65 %).