El Ministerio de Industria se encuentra en una encrucijada. Acaba de anunciar la congelación de la parte regulada de la luz porque el pasado mes de marzo derogó la alternativa de revisarla cada tres meses, pero así también cierra de un batacazo la posibilidad de cumplir con el Real Decreto Ley que fija que el déficit de tarifa no supere los 1.500 millones. Este desajuste ya suma 3.891 millones, con lo que el Ejecutivo deberá asumir alguna partida en los Presupuestos Generales del Estado, que se presentan este sábado, para cuadrar las cuentas del sector eléctrico.
La cartera que dirige José Manuel Soria trabaja con la previsión de que a final de este año el déficit de tarifa ronde los 1.460 millones, con lo que cumpliría sobradamente el objetivo. Este cálculo se basa en el efecto que causarán las refacturaciones aplicadas desde el pasado mes de agosto, con un alza del recibo del 7%, así como con el recorte de horas de producción de la energía fotovoltaica, que se hará notar sobre todo a partir de este mes.
Sin embargo, fuentes del sector aseguran que estas dos medidas (la refacturación fue obligada por el Tribunal Supremo) sólo conseguirán disminuir la progresión del desfase del sector eléctrico provocado porque los ingresos no cubren los costes reales de la energía. Y como mucho se reducirá en unos 1.000 millones. Por tanto, el Gobierno tendrá que tomar medidas por otros aproximadamente 1.300 millones.
Tras una dolorosa reforma energética basada en impuestos y la promesa de no subir la parte regulada de la luz, tan sólo queda que el Gobierno incluya medidas en los Presupuestos para el próximo año.
En este punto hay que tener en cuenta que las liquidaciones que realiza la Comisión Nacional de la Energía cierran en el mes de marzo. Así, el Ejecutivo tendría ese margen de tres meses para que la partida incluida en los Presupuestos de manera retroactiva surtiera efecto.
Estas partidas que se podrían extrapolar de la tarifa podrían ser el coste de las extrapeninsulares (diferencia por generar en los sistemas insulares y extrapeninsulares), alguna anualidad del déficit de tarifa o incluso alguna partida del bono social.
No obstante también puede que, al igual que otras ocasiones, el Gobierno no haga nada y deje que el asunto se le vaya de las manos. Y es que no sería la primera vez que el Ejecutivo tiene que rehacer sus cuentas a posteriori, tal como ocurrió el pasado año con el coste del extrapeninsulares. También tuvo que cambiar sus previsiones con los topes del déficit y ampliar los objetivos del fin de este desajuste.
Por otro lado, hay que recordar que una de las primeras medidas realizadas por Soria al llegar al Ministerio fue retirar de los Presupuestos la partida de las extrapeninsulares que se iba incluyendo de forma anual, debido a la crisis de la deuda soberana. No obstante, a largo plazo la intención del Gobierno es que este coste se vuelva a incluir en los Presupuestos. Aunque ahora el Ministerio se encuentre con un gran embrollo, lo cierto es que también ha aplacado la posibilidad de las eléctricas de recurrir las tarifas de manera trimestral.
Soria cifra en 6.000 millones el ajuste en el sector
