El dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no podrá aplicarse a capricho por las autonomías. No podrán destinar el oxígeno financiero que reciban del Estado a gastos superfluos ni a mantener la megalomanía de los miniestados que viene caracterizando nuestro sistema autonómico.
Hacienda ya ha hecho llegar a los Gobiernos regionales la letra pequeña del FLA. El dinero que reciban las autonomías que lo soliciten -siempre antes del 31 de diciembre- se destinará únicamente a tres finalidades: afrontar vencimientos de deuda pública, saldar débitos comerciales en sanidad, conciertos educativos y con universidades, y facilitar que las comunidades autónomas abonen trasnferencias o subvenciones que tuvieran pendientes a las entidades locales y las universidades. El dinero del Fondo sólo podrá aplicarse al tercer destino una vez estén cubiertos los dos anteriores, no antes.
Así pues, adiós a los gastos superfluos y dudosamente justificables en épocas de austeridad y recortes.
Racionalización del gasto
Por otra parte, la recepción de la ayuda acarreará condiciones para las comunidades autónomas beneficiarias. Deberán comprometerse a reducir su sector público, a eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior y a abordar nuevas reformas estructurales para racionalizar el gasto público e incrementar la competitividad. Todo ello, dentro del compromiso ineludible de ajustar su desequilibrio de las cuentas públicas a un saldo negativo máximo del 1,5 por ciento del PIB. Además, y en consonancia con los requisitos exigidos en su día para la puesta en marcha del plan de pago a proveedores, las comunidades autónomas tendrán deberes extra de transparencia, mediante la obligación de remitir información periódica de la situación económico-financiera, presupuestaria, de tesorería y endeudamiento. También habrán de acordar con Hacienda la actualización de los planes de ajuste que ya elaboraron para acogerse al mecanismo de proveedores, en el que 14 autonomías solicitaron 17.000 millones para saldar deudas con empresas y autónomos.
Con Andalucía, que ayer elevó a 4.906 millones su pretensión de solicitud al FLA, ya son cuatro las comunidades postuladas para acceder al Fondo en cuanto esté listo, según el Gobierno, a la mayor brevedad, reforma de la Ley de Estabilidad mediante. Cataluña prevé pedir 5.023 millones; Murcia, 700 millones y la Comunidad Valenciana, 4.500 millones. Es decir, en total ya están cuasiadjudicados 15.129 millones de los 18.000 que tiene dotados el Fondo, a la espera de que se produzcan más adhesiones.
Cada Gobierno regional suscribirá un acuerdo bilateral con Hacienda que incluya los requisitos de información pública, condiciones financieras y fiscales, finalidad del importe recibido, seguimiento y control del programa.
De los 18.000 millones del FLA, 4.000 millones provendrán de un desembolso del Tesoro, 6.000 millones de un préstamo de Loterías del Estado y los 8.000 restantes, de un crédito sindicado suscrito por las principales entidades financieras del país. Loterías ya ha elegido a Rothschild y Hogan Lovells International como asesores financiero y jurídico, respectivamente, del proceso para los 6.000 millones que le competen. Loterías prestará esa cantidad al Tesoro, quien la desembolsará al Fondo.
Hoy mismo la banca va a transferir 3.000 millones de la parte que le corresponde. Es el trapaso del primer tramo de la colocación privada de deuda del Tesoro llevada a cabo por la banca entre inversores institucionales el pasado viernes. El segundo tramo, de 5.000 millones, se emitirá a mediados de octubre. Son 15 entidades financieras las participantes, entre las que se cuentan los grandes del sector.
Andalucía pedirá 4.900 millones
