
Ayer, un grupo de expertos germanos sugirió la posibilidad de posponer el veredicto del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEDE) y el pacto europeo de disciplina financiera. Sin embargo, los magistrados han asegurado hoy que no hay razones para retrasar su decisión más allá del próximo 12 de septiembre.
De hecho, el Alto Tribunal germano ya se está haciendo esperar. Pese a las presiones del Gobierno alemán para que acelerara el procedimiento, prefirió retrasar hasta septiembre su opinión acerca de la entrada en funcionamiento del MEDE, que inicialmente estaba prevista para julio.
Este mecanismo permanente de rescate, dotado con medio billón de euros, necesita ser ratificado por al menos el 90% de sus participantes para entrar en vigor, por lo que no puede estar operativo si Alemania se pronuncie al respecto.
Septiembre sigue en el horizonte
"Retrasar la fecha del veredicto no está indicado actualmente", ha manifestado hoy un portavoz del Tribunal, que está analizando las reclamaciones para que se apliquen medidas cautelares presentadas por distintas agrupaciones sociales, euroescépticos y el partido La Izquierda. Según denuncian, la adhesión a estos tratados supone una cesión de soberanía que exige la revisión del texto constitucional al debilitar la capacidad de supervisión del Parlamento alemán respecto al dinero de los contribuyentes germanos.
El último de ellos, el grupo Europolis, liderado por el profesor de derecho Markus C. Kerber, instaba ayer al Tribunal de Karlsruhe a que no tome ninguna decisión hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya decidido sobre una demanda similar presentada por un miembro del Parlamento irlandés
El Alto Tribunal germano decidió a mediados de julio examinar en detalle estas reclamaciones, puesto que su decisión sobre las medidas cautelares equivaldría en la práctica a una decisión definitiva.
Si el Constitucional rechaza adoptar medidas cautelares, permitirá al presidente de Alemania promulgar en leyes los proyectos aprobados por el Parlamento el 29 de junio, con y ya no podrían ser revocados, incluso si el Tribunal decidiera meses después que las leyes son inconstitucionales. Esto es así porque el MEDE y el pacto fiscal son parte de los tratados internacionales, por lo que una vez ratificados, Alemania quedaría obligada por el derecho internacional.