El Gobierno de Argentina intervino el martes a través de un decreto de Necesidad y Urgencia la Compañía de Valores Sudamericana -antigua Ciccone Cacográfica-, una empresa dedicada a la impresión de papel moneda y envuelta en un acusación de corrupción que alcanza al vicepresidente argentino, Amado Boudou.
La Casa Rosada ha enviado un proyecto al Congreso para declararla "de utilidad pública y sujeta a expropiación". Los interventores serán el ministro de Economía, Hernán Lorenzino y Katya Daura, presidenta de Casa de Moneda.
En caso de que sea expropiada, el Estado recuperará la capacidad de acuñar moneda nacional, según ha informado la agencia estatal argentina, Télam.
En base al proyecto de ley, "el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley número 21.499", para lo que será necesaria la actuación del Tribunal de Tasaciones. "Se prevé que la suma que eventualmente deba abonarse será pagada -hasta el importe correspondiente si excediera el de la tasación-, con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana registre ante la AFIP", agrega el texto.
"El Estado considera primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda de acuerdo a la Constitución Nacional", manifiesta el comunicado.
Fabricar moneda
Además, el Gobierno argentino destaca que "el Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad".
Asimismo, el Ministerio de Economía ha apuntado que "con esta medida, la capacidad de Sociedad del Estado Casa de la Moneda se ve ampliada, lo que permitirá abastecer al Banco Central de la República Argentina disminuyendo su necesidad de recurrir a proveedores internacionales".
La empresa está en el centro del conocido como 'caso Ciccone', en el que está imputado el vicepresidente argentino, Amado Boudou, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La justicia argentina comenzó el pasado marzo la investigación contra Boudou por haber intercedido a favor de la empresa Ciccone Calcográfica -contratada para la impresión de billetes- a fin de evitar su bancarrota.
Al parecer, el vicepresidente habría utilizado a los empresarios como testaferros en negocios millonarios con el Estado y habría utilizado el dinero para comprar terrenos en barrios de lujo de varias ciudades, acciones en empresas y abrir cuentas en bancos argentinos y extranjeros.
Esta denuncia se suma a que vinculan a Boudou con los delitos de tráfico de influencias y uso de bienes públicos, entre otros, y que ya están siendo investigadas por la justicia argentina.
Boudou es una de las personas más cercanas a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por lo que su caso podría tener consecuencias en el Gobierno. El escándalo Ciccone, destapado por la prensa, ya ha hecho caer a varios funcionarios 'kirchneristas'.
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