MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Al menos dos de lo cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) imputados en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre las irregularidades detectadas en la gestión de la entidad han recurrido la fianza de 25,8 millones de euros impuesta por el juez instructor Javier Gómez Bermúdez a petición de la acusación particular del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Así, el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol han presentado un escrito contra la imposición de la fianza, impuesta de forma solidaria que el magistrado en previsión de una futura condena que supondría a la antigua cúpula de la CAM la obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los daños económicos generados a la caja.
Gómez Bermúdez ya había ordenado retirar el pasaporte a los exdirectores generales de la CAM María Dolores Amorós y López Abad e impuso a ambos comparecencias cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntan a la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Los otros tres imputados en la causa --Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo-- quedaron libres sin la imposición de medidas cautelares.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
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