El fondo de liquidez de 18.000 millones de euros que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para auxiliar a las comunidades autónomas va a permitir a muchos Ejecutivos regionales eludir, al menos de momento, la suspensión de pagos. La solución, sin embargo, es sólo un "parche" transitorio.
Las autonomías, según reconocen fuentes del Gobierno, necesitarán el año que viene más de 30.000 millones de euros adicionales para cubrir los vencimientos de deuda que tienen que afrontar a lo largo del próximo ejercicio. Una cantidad que, muy previsiblemente, les tendrá que facilitar el Estado central, dado que los mercados, hoy por hoy, están cerrados a cal y canto para las emisiones autonómicas. De momento, los "bonos patrióticos" deberán esperar.
El Gobierno de Rajoy tiene el firme propósito, expresado de forma pública y reiterada, de no dejar caer a ninguna comunidad. Para ello, en el primer semestre de 2012 puso en marcha una línea especial del Instituto de Crédito Oficial, de 15.000 millones de euros, que las comunidades utilizaron para afrontar sus vencimientos de deuda.
Una vez agotado ese montante, el pasado 13 de julio el Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica, dotado con otros 18.000 millones, al que las autonomías pueden acogerse hasta el próximo 31 de diciembre. En total, 33.000 millones de euros destinados este año a sostener las finanzas regionales.
¿Apelar al mercado?
Para el año 2013, los cálculos del Gobierno apuntan a una cantidad similar. La esperanza del Ejecutivo era que las comunidades autónomas pudieran acudir al mercado a financiarse, tal y como lo han estado haciendo hasta ahora. Sin embargo, la evolución de la prima de riesgo, que aunque en el tramo final de la semana pasada se tomó un cierto respiro sigue en niveles estratosféricos, hace pensar que esta opción no va a ser posible. Así que habrá que tirar nuevamente del Tesoro Público.
Cualquier operación de financiación que se pueda prever para el año que viene está condicionada a la posibilidad -no desdeñable- de que España termine necesitando un rescate total por parte de Europa. Si esto no ocurriera y España pudiera seguir financiándose normalmente en los mercados a unos precios "asumibles", las estimaciones de los expertos apuntan a que el Tesoro Público tendría que emitir alrededor de 120.000 millones de euros en deuda para cubrir los vencimientos que se vayan produciendo a lo largo de todo el ejercicio.
A esta cantidad habría que añadir otros 60.000 millones de euros, más o menos, para financiar el déficit público que se registre en el ejercicio, que deberá ser, por la cuenta que nos trae, de no más del 6,3% del PIB. Y por último, habría que añadir los más de 30.000 millones de euros que necesitarán las comunidades autónomas para cubrir sus propios vencimientos de deuda, en caso de que el Estado asuma en solitario el peso de la operación.
En total, alrededor de 210.000 millones de euros que el Tesoro tendrá que reclamar a los inversores. Demasiado dinero como para que España lo pueda conseguir sin problemas en los mercados, sobre todo si se mantiene el castigo que viene sufriendo nuestra deuda. Porque si 2013 es complicado, lo que queda de 2012 no lo es menos. En Agosto vencen casi 10.000 millones, un reto asumible que se complicará notablemente en octubre, cuando vencen 35.000 millones, a lo que hay que sumar otros 40.000 millones en noviembre.
Las autonomías contaminan
Las cuantías, además, no son el único problema. Algunos expertos consideran que la inclusión de las necesidades autonómicas en el calendario de emisiones del Tesoro "contamina" el conjunto de la deuda pública española. Los inversores, ya de por sí recelosos con todo lo que tenga que ver con España, aún desconfían más de las comunidades autónomas -consideradas por algunos analistas auténticos "reinos de Taifas" derrochadores-, así que es posible que exijan a nuestra deuda un plus de rentabilidad si se incluye en la misma los vencimientos regionales.
Controlar lo incontrolable
El Ejecutivo, sin embargo, quiere ver un lado positivo. Con los mercados cerrados a cal y canto para las comunidades autónomas, éstas no tienen más remedio que recurrir al Gobierno central para financiarse. Tal circunstancia permitirá al ministro Montoro empezar a controlar lo que hasta ahora todo el mundo consideraba incontrolable. De hecho, el recurso ahora a la financiación del Estado va a permitir a Hacienda tener, casi en tiempo real, todos los datos de la contabilidad regional. Y con ellos en la mano podrá presionar a los gobiernos regionales para que cumplan los compromisos de sus planes de ajuste.
El Gobierno fijará los objetivos de déficit
