La intervención total agravaría nuestros problemas de credibilidad y liquidez en los mercados
Los últimos acontecimientos han elevado considerablemente la probabilidad de un rescate pleno de España y la intervención total de las cuentas públicas. Como estamos intervenidos, aunque de forma parcial, desde la primavera de 2010, podemos hacernos una idea de lo que supondría para la economía agregada e individual tal situación.
Nuestra intervención ha sido más profunda a medida que se descubrían nuestras vergüenzas: déficit oculto, facturas impagadas, agujeros disimulados en el sistema financiero, comunidades autónomas quebradas pero resistentes a cualquier racionalización de gastos y dispendios, deuda pública disparada y, en definitiva, un sistema administrativo incentivador de todo tipo de desmanes, demagogias e ineficiencias. Y también se ha extendido a medida que las actuaciones o disposiciones del Gobierno dejaban patente su pusilanimidad, sobre todo en aquellos campos que afectan a los privilegios de políticos y grupos afines beneficiarios.
Se ha configurado, así, una desconfianza tal que ha llevado a un cierre del crédito similar al acontecido en 2008, ahora centrado en determinados países y por motivos claros y definidos (no existe el nivel de incertidumbre de entonces). Y las exigencias realizadas por los organismos (oficiales) que pudieran estar dispuestos a prestarnos de nuevo -y que desean asegurarse su cumplimiento- irán en la línea trazada, sólo que ahora vigilarán por que sean más profundas, contundentes e inaplazables.
Cosa diferente es si, por la cortedad, indecisión o ineptitud de nuestros dirigentes, las medidas o exigencias que se nos impongan en un rescate total -incluso en su versión light-son las que más interesan a nuestra economía o si serán remedios más inmediatos o cortoplacistas dirigidos a satisfacer a nuestros deudores.
No es la solución
El rescate total no acabará con nuestros problemas de credibilidad y liquidez en los mercados, altas primas de riesgo e interés de la deuda. Al contrario, los agravará y empeorará los resultados bursátiles de nuestras empresas y bancos que seguirán con los mercados de créditos cerrados, ya que sólo podremos acceder al dinero que nos hayan asignado, absorbido sobre todo por las deudas y gastos políticos. Baste mirar a Grecia, Irlanda o Portugal en estos años. Además, la deuda de nuestro sector privado sigue siendo enorme y en esas condiciones no será fácil obtener nuevos créditos. Nuestro PIB se contraerá más de lo previsto, tanto por el efecto inmediato sobre el sector financiero y real como porque los requisitos impuestos serán más duros y contundentes. Aunque también pudiera recuperarse con mayor celeridad una vez cumplidos nuestros compromisos, embridados desequilibrios e ineficiencias y retornada la confianza.
Si las medidas hasta el momento parecen duras, que por el lado de los gastos públicos o políticos no lo han sido en absoluto, un rescate impondrá nuevos recortes y esfuerzos fiscales. Y es que siempre quedan tasas, impuestos especiales, locales o ambientales que añadir y alzas de impuestos indirectos, personales o de sociedades, aunque sólo sea por el lado de los muchos y complejos entramados de excepciones, desgravaciones o exenciones que existen en nuestro oscuro sistema fiscal. Los interventores de los organismos prestatarios suelen mirar por lo inmediato y sería un error, pues lo que debe cambiar es nuestro actual sistema tributario, reduciendo, simplificando y clarificando los impuestos, de forma que disminuya tanto la presión como el esfuerzo fiscal y se amplíe de forma más equitativa la base tributaria, al tiempo que se minimice su penalización sobre las actividades. Es preferible mantener cierta soberanía, como hizo Irlanda con su Impuesto de Sociedades, y demostrar que podemos rebajar tanto los gastos públicos como para corregir déficit y deuda públicos, aún rebajando y reordenando impuestos.
Recortar gasto autonómico
Muchos esperan que la intervención plena de nuestra economía aplique un serio correctivo al gasto autonómico y local y a las finanzas de nuestra Administración. Sin embargo, pudieran encontrarse con problemas institucionales y legislativos para intervenir de forma real y efectiva el sistema autonómico, por lo que simplemente irían a lo cómodo. Es decir, recortes de pensiones y aumentos en la edad de jubilación o de los años de cálculo, además de acelerar su puesta en marcha, ya que lo del año 2027 es una broma; reducción del número de empleados públicos y del entramado de organismos, fundaciones, consorcios y empresas públicos; disminución del número de municipios o corporaciones locales, tal como hicieron décadas atrás en Suecia (pasó de casi 2.500 a 290), Inglaterra (de 1.244 a 332), Bélgica (en los 70 recortó de 2.300 a 589) o, antes de su reunificación, Alemania Occidental (de 24.000 a 8.500), para racionalizar la administración y sus gastos; revisión y profundización de la reforma laboral, reduciendo y simplificando su judicialización o los posibles conflictos y confiriendo mayor justicia y menor perjuicio sobre el empleo al sistema de cobertura del desempleo; rebajas o eliminación de subvenciones públicas..., entre otros.
Algunas de esas medidas impuestas serán acertadas y necesarias. Otros aspectos, más que retocarse o rebajarse, como nos exigirán, deberían reformarse a fondo: convendría plantear una reforma a largo plazo del sistema de financiación de pensiones, sanidad, educación o prestaciones por desempleo. Finalmente, puede que desde fuera se obvien reformas necesarias como la unidad de mercado, el sistema de distribución comercial, energía o agua, entre otros muchos. Por ello, frente a quienes insisten que, como parecemos incapaces de hacer esas reformas, es mejor que vengan de fuera a hacérnoslas mediante un rescate total, considero que debemos mostrar nuestra madurez y responsabilidad como sociedad, cercenar los gastos públicos y políticos a lo que es propio del Estado, acometer las reformas institucionales precisas y, dado el enorme potencial mostrado por nuestro capital humano, emprender la senda de la prosperidad y riqueza.
La UE mueve los hilos del rescate
