El fraude y la picaresca para eludir impuestos, los azotes del sistema fiscal español

El principal problema del sistema tributario español se encuentra en el "elevado" nivel de fraude y en las "extendidas" prácticas de elusión fiscal, según el último número de Cuadernos de Información Económica de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas).

Según el catedrático de Economía y Hacienda, Juan A.Gimeno, autor del artículo de Funcas, los niveles de fraude son "extremadamente" reducidos en los rendimientos sujetos a retención en origen, fundamentalmente los del trabajo dependiente y pequeñas rentas periódicas del capital.

Sin embargo, en su opinión, la ocultación se concentra en profesionales y empresarios individuales, con mayores facilidades de elusión fiscal, por parte de determinadas rentas del capital y de los tramos elevados de rentas salariales.

¿Hay que eliminar algunos incentivos?

Funcas se muestra partidaria de "sacar" del IRPF determinados gastos fiscales como los relativos a las personas discapacitadas, mayores a cargo, maternidad, hijos menores de tres años y compra de vivienda.

A su juicio, estos gastos fiscales minoran la capacidad recaudatoria del IRPF, hacen más compleja su gestión, dificultan las tareas de inspección, facilitan la elusión fiscal y no sirven a los intereses que se pretenden.

También asegura que, a veces, es bueno que algún colectivo salga perjudicado en una reforma fiscal, ya que si goza de privilegios "indeseables", suprimirlos supone "un evidente avance en equidad, neutralidad y eficiencia".

Los impuestos que afectan a la bolsa

Asimismo, Funcas califica de "loable" avance en la neutralidad del impuesto el hecho de que las rentas de capital tributen todas al 18 por ciento, porque ello redundará "en que las entidades financieras dediquen sus esfuerzos a ofertar los productos más eficientes, en vez de a la búsqueda del mayor resquicio para reducir impuestos".

Además, critica la desaparición de la doble imposición de dividendos, ya que, añade, si existe el Impuesto sobre Sociedades es porque está "perfectamente" justificado un gravamen específico para quienes son los principales beneficiarios de muchos de los servicios públicos que se prestan, por ejemplo, en infraestructuras o en seguridad jurídica.

En cambio, aplaude la aplicación de un tipo cero sobre el tramo considerado de subsistencia, ya que el sistema impositivo gana "en equidad, en progresividad y en constitucionalidad".