Los funcionarios españoles contarán únicamente con tres días de libre disposición tras la decisión del Gobierno de suprimir los llamados 'canosos' y reducir a la mitad los moscosos, según ha informado este viernes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
"El objetivo es asimilar la función pública con el régimen laboral en términos de actividad", ha señalado Montoro, argumentando que los convenios laborales privados suelen conceder tres jornadas de asuntos propios a los empleados, los mismos de los que dispondrán ahora los funcionarios.
Junto con esta medida, cuya entrada en vigor no se ha precisado, también se eliminará la paga extraordinaria de Navidad de este año, que se reintegrará en 2015 en el plan complementario de pensiones; se reducirán los liberados sindicales y se modificará el régimen de incapacidad laboral transitoria, equiparándolo al régimen general.
Respeto a las movilizaciones
En este punto, Montoro ha pedido a los españoles un "reconocimiento del valor del trabajo" de los funcionarios y del "esfuerzo" que han hecho hasta ahora y que se les sigue pidiendo. "España tiene una gran función pública sin la que hoy no seríamos lo que somos", ha dicho.
En el mismo sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho mención explícita de los "esfuerzos" que ya han hecho los funcionarios, con recortes y congelación salariales y aumentos de jornada, y ha hecho un reconocimiento a su trabajo y a ese "esfuerzo" que están haciendo por la sociedad.
Por otra parte, ha expresado el "respeto" del Gobierno a las movilizaciones que están protagonizando los funcionarios desde el pasado miércoles, cuando el presidente Mariano Rajoy ya avanzó los recortes en el Congreso.
Hoy mismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha anunciado que convocará a todos los empleados públicos a una huelga contra los recortes del Gobierno el próximo mes de septiembre, si bien la fecha definitiva será acordada con UGT y CC.OO. el jueves 19 de julio.
"El Gobierno respeta el derecho a la movilización de cualquier ciudadano. Respetamos y comprendemos perfectamente que son medidas difíciles y que hay ciudadanos a los que les cuesta asumirlos y afrontarlos. Respetamos esas manifestaciones", ha insistido, sin precisar por último el número de despidos que podría haber en las administraciones públicas.
En este sentido, se ha limitado a explicar que, tras fijar una tasa de reposición cero en la función pública -con excepciones en algunos sectores- el Gobierno procederá a "reordenar" las tareas y el número de efectivos asignados para conseguir una "adecuada dimensión del sector público", particularmente a nivel local y autonómico.
