La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar la semana pasada en Bruselas ha celebrado haber logrado acuerdos fundamentales que van a ayudar a superar la crisis soberana europea y a fortalecer el euro. Es, desde marzo de 2011, la tercera vez que oímos este mensaje, sin que los mercados financieros se hayan tranquilizado.
El año pasado, el Consejo Europeo firmó el Pacto por el Euro Plus para fortalecer la productividad, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las economías europeas, sobre todo mediante reformas estructurales en la economía real, la Seguridad Social y la Administración Pública. En marzo de este año se acordó el Pacto de Estabilidad Fiscal con el fin de garantizar en todos los países miembros la sostenibilidad de las finanzas publicas a medio y largo plazo a través de una limitación del déficit público estructural al 0,5 por ciento del PIB. Ahora, los líderes políticos quieren iniciar el proceso hacia una Unión Bancaria Europea para desvincular en el futuro una crisis bancaria, si volviera a surgir, de la fiscal y evitar así que se repitan situaciones de emergencia como en Irlanda, España y Chipre actualmente.
A primera vista parece que la unión monetaria va a recibir una nueva arquitectura de gobernanza europea, una vez demostrado que la gestión de la crisis durante los últimos dos años mediante holgados paquetes de ayudas financieras de los Gobiernos, el FMI y la Comisión Europea y los enormes programas de compras de bonos del Tesoro Público por parte del BCE en el mercado secundario no ha sido eficaz. Pero la nueva arquitectura no se establece con declaraciones de intención, por bien que suenen (Más Europa), sino cumpliendo los compromisos adquiridos. De ello no podemos estar seguros. El Pacto por el Euro Plus requiere reformas ambiciosas, que no son del gusto de todos los Gobiernos debido a las medidas impopulares que tendrían que aplicar. El Gobierno de España sí destaca por tomarse en gran medida en serio lo acordado y haber puesto en marcha las reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero y preparar otras igualmente necesarias, como se explica en el Programa Nacional de Reformas (de abril). El Pacto de Estabilidad Fiscal ha sido cuestionado por el nuevo presidente de Francia (Hollande), atrapado por sus promesas electorales que permiten todo menos una disminución del excesivo empleo público y una subida de los impuestos indirectos como el IVA para consolidar el presupuesto estatal. Y lo que nadie sabe es si los países, Alemania incluida, van a estar dispuestos a renunciar a su soberanía nacional en materia presupuestaria, como en el fondo implica este Pacto.
Para una unión bancaria europea, que sea viable y eficaz, también habría que acometer reformas profundas y ceder soberanía. En la unión bancaria se mutualizan los riesgos que provienen del sistema financiero nacional. Es decir, que en caso de dificultades en un país determinado los contribuyentes de los demás países se verían involucrados. Por eso, tiene que haber un sistema riguroso de consonancia entre responsabilidad y control.
Cuatro requisitos son ineludibles: primero, una severa regulación bancaria con rigurosos exigencias de capital social para provisionar riesgos, incluidos los bonos del Estado; segundo, una autoridad europea de supervisión bancaria con poderes plenos para intervenir en cada uno de los países miembros con arreglo a severos estándares comunes, entre ellos el de limitar para los bancos nacionales la compra de bonos estatales del propio país; tercero, un mecanismo común de resolución ordenada de quiebras bancarias, partiendo del hecho de que no todos los bancos y cajas tienen una relevancia sistémica; y cuarto, un fondo europeo de garantía de depósitos al que tendrán que contribuir las entidades financieras de todos los países miembros a costa de su cuenta de resultados y de los accionistas. Esto va a tardar años en lograrse. Aparte de las reticencias nacionales, habrá que renegociar el Tratado de la UE y necesitaremos todo una nuevo derecho administrativo europeo.
En la reciente Cumbre Europea la atención ha estado centrada en medidas puntuales de corto plazo para que no aumente ni el déficit ni la deuda pública y puedan reducirse artificialmente los tipos de interés a los que refinancia el Estado su deuda. Puede que España e Italia estén satisfechos por haber impuesto sus criterios de intervención en los mercados. Los medios de información en estos países bien que han celebrado la "victoria de Bruselas", pues llevaban ya tiempo polemizando contra la "férrea" canciller alemana que no hacía otra cosa que reclamar de sus homólogos cumplir al pie de la letra lo acordado. En Alemania, la reacción es otra, más bien de confusión y temor de que terminemos con una zona euro sin un código de reglas y principios transparentes y fiables y simplemente convertida en una unión de deudores sin visos de dinamismo económico. No habría ni unión fiscal, ni unión bancaria. ¿Es que en Madrid o Roma alguien piensa en serio que con una recapitalización directa de los bancos y mediante masivas compras de deuda soberana por parte del BCE o el fondo de rescate MEDE se va a resolver algún problema estructural en las economías? El mensaje lanzado por la nueva alianza mediterránea -en pro de rescates con condicionalidad blanda- puede ser interpretado en los mercados como una falta de disponibilidad de los respectivos Ejecutivos para acometer con profundidad el ajuste fiscal y las reformas estructurales aún pendientes. En este caso, los inversores financieros continuarán priorizando la seguridad frente a la rentabilidad, de modo que tarde o temprano las primas de riesgo podrían subir de nuevo. Los "ganadores" de Bruselas habrían conseguido una victoria pírrica.
Nunca habían demostrado los líderes europeos tan abiertamente como lo hicieron Rajoy y Monti que Alemania se presta a ser chantajeada. Como el Bundesbank es el mayor acreedor dentro del Eurosistema (los créditos concedidos a través de Target 2 ascendían en mayo a casi 700.000 millones de euros, según cálculos del Instituto Ifo), el Gobierno Federal no puede permitir una implosión incontrolada de la moneda única. Las consecuencias de los impagos por parte de los Bancos Centrales deudores (el Banco de España como uno de los principales) recaerían con toda fuerza sobre los propios contribuyentes. Pero la forma en la que se ha llegado a los acuerdos de Bruselas no va a reforzar el entusiasmo europeísta en el centro y norte de la zona euro. Este es el precio cuando se politizan indebidamente asuntos económicos.
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