
Corren nuevos vientos por Europa desde que el socialista François Hollande ganó las presidenciales francesas y París abandonó la política de seguidismo de las tesis de Berlín que durante el último lustro mantuvo el conservador Nicolas Sarkozy. La cumbre que este jueves y viernes celebraron en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los veintisiete países de la UE abre una nueva época: todos se esforzaron por dar una imagen de consenso, de que no ha habido ni ganadores ni perdedores.
Intentaron dejar atrás dos años durante los que el rigor y el "no" sistemático de la canciller alemana, Angela Merkel, a aflojar la presión, pasaba como un rodillo sobre Grecia, Irlanda, Portugal y, más recientemente, España, Italia y Chipre. Sin el apoyo de Francia, el respaldo de Holanda, Finlandia y Austria no fueron suficientes esta semana para que la conservadora dirigente germana hiciera en Bruselas de su capa un sayo.
También deberían quedar en el olvido actuaciones como la de Mariano Rajoy, quien tras ser forzado hace menos de un mes a aceptar el rescate de la banca española, clamó victoria como si él hubiera arrancado la ayuda a Europa.
El resultado más importante de la cumbre del jueves y el viernes fue la declaración consensuada por los dirigentes de los diecisiete países del euro. Aunque menos de las deseadas, Madrid, Roma y París (las dos primeras necesitadas del respaldo inmediato, la tercera lo precisará más adelante si los mercados mantienen su desconfianza en la solvencia de Eurolandia) obtienen significativas concesiones de Berlín. Concesiones que, de rebote, alivian la dureza del rescate de Dublín.
La concesión que incuestionablemente obtiene España es que el fondo de rescate permanente (el mecanismo que se encargará de facilitar el grueso de los préstamos de un máximo de 100.000 millones para apuntalar a su banca mientras la sanea) renunciará a su estatuto de acreedor preferente. Es decir, si España siguiera el precedente griego y terminara por imponer una quita a su deuda pública, el fondo de rescate permanente se pondrá a la cola como el resto de inversores que ha financiado al Estado. Se elimina así el temor de los mercados a que nadie recupere ni un euro hasta que el fondo de rescate haya recuperado el total de sus ayudas.
Unión bancaria, ¿a tiempo?
La gran incógnita es si la unión bancaria llegará a tiempo de poder ser aplicada al rescate del sector en España. Cuando comencemos a recibir los préstamos del fondo de rescate para sanear nuestros bancos, éstos aumentarán el déficit y la deuda del Estado, de cuyo exceso ya desconfía el mercado y teme una posible reestructuración de la deuda. Si las ayudas se pierden en los agujeros negros de la banca, el Estado español como avalista será el responsable de reembolsarlas a Europa, lo que podría empujarlo a la quiebra, más o menos como le pasó a Irlanda.
Ayer se pactó en Bruselas que las ayudas irán a la banca cuando exista un verdadero mecanismo continental único de supervisión bancaria, encabezado por el BCE. Se reclamó que la Comisión Europea presente pronto propuestas legislativas para acuñar tal sistema de supervisión, y que el Consejo las estudie con carácter urgente antes de que acabe 2012. Pero no se pone fecha, y no es por casualidad, a cuándo se logrará un acuerdo definitivo y entrará en vigor.
Una negociación de tal complejidad puede tardar años. De hecho, Europa ya ha renunciado en varias rondas negociadoras en lo que va de siglo XXI crear un supervisor único. Hollande se felicitó ayer de que se clarificaran los mecanismos para las ayudas a la recapitalización en curso de los bancos españoles para que "no pese sobre la deuda del Estado español, al menos a medio plazo".
España e Italia también han logrado que los fondos de rescate compren deuda pública de países en apuros sin que, como contrapartida, sus gobiernos tengan que soportar las bochornosas visitas trimestrales de la troika: los inspectores de la Comisión Europea, el BCE y el FMI que verifican si los países rescatados están ajustando con dureza sus presupuestos, reformando sus economías y ejecutando privatizaciones. Si no lo hacen, les cierran el grifo de las ayudas y los dejan al borde de la bancarrota.
Merkel no ha cedido a la petición española de que el BCE compre más deuda pública española; ni a la italiana de que los fondos de rescate compren por iniciativa propia deuda de países en apuros. Si Madrid o Roma quieren que les compren deuda para bajar sus costes de financiación, tendrán que retratarse y pedir este tipo de rescate light. Y aunque no reciban las incómodas visitas de la troika, tendrán que prometer a través de un programa de rescate formal recortes del gasto, subidas de impuestos y privatizaciones. Ayer, los Ejecutivos de Italia y España aseguraron que no pedirán tales ayudas.