Los socialistas combinan el Parlamento y los tribunales para redoblar sus acciones contra la reforma del Ministerio de Hacienda
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El PSOE seguirá adelante con su estrategia de rechazo a la 'amnistía fiscal' aprobada por el Gobierno y aprovechará la sesión de control del próximo miércoles en el Pleno del Congreso para advertir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que esta "vergonzante" medida permitirá blanquear dinero negro, incluso si es de origen delictivo.
En estos términos se pronunciará el portavoz socialista de Hacienda en la Cámara baja, Pedro Saura, en línea con las críticas esgrimidas por su partido desde que el Gobierno diera a conocer esta medida, cuya exclusión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 reclamaron a través de enmiendas.
La estrategia socialista va más allá del ámbito político y pasa por la vía judicial. Así, está previsto que el PSOE presente un ante el Tribunal Constitucional (TC) alegando que la norma vulnera la Carta Magna porque cambia mediante un decreto ley el régimen general tributario y, a la vez, "quiebra desproporcionada e injustificadamente la igualdad" de los ciudadanos "en el deber constitucional de contribuir".
Según los socialistas, la 'amnistía fiscal' crea "para los defraudadores un régimen de auténtico privilegio fiscal incompatible con la idea misma del Estado de Derecho", violando así el artículo 31 de la Constitución. Así, aunque reconocen que la regularización fiscal en sí no es inconstitucional, sí lo es su "sangrante desproporcionalidad" y "la falta de un mínimo de equidad", puesto que quienes se acojan a ella pagarán sólo un tercio de lo que les correspondería normalmente, sin recargos y sin intereses.
TAMBIEN LO LLEVARAN A LA AUDIENCIA
Más allá de recurrir al TC, el PSOE también tiene previsto presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional solicitando la suspensión cautelar inmediata de la orden ministerial que regula y desarrolla la norma de la 'amnistía fiscal' con el argumento de que "vulnera" el decreto ley del que trae causa.
Y es que, a juicio del PSOE, la decisión del Gobierno de permitir en la orden ministerial que a la 'amnistía fiscal' se pueda acoger también el dinero en metálico hace imposible saber su origen y el momento en que se ha obtenido, lo que impide certificar que se cumple el decreto ley, en el que se establece que eran susceptibles de acogerse a la medida los bienes adquiridos antes del 30 de diciembre de 2010.
Con esta medida de regularización extraordinaria, el Gobierno calcula que se podrán recaudar unos 2.500 millones de euros, el 10 por ciento de la cantidad que aflorará gracias a la medida. Los socialistas, sin embargo, dudan de la cifra y se preguntan qué criterios e informes ha manejado el Ejecutivo para llegar a ella.
LA AMNISTIA FISCAL
Según la orden ministerial que publica el BOE y que desarrolla el decreto ley, podrán acogerse a la amnistía aquellos contribuyentes que manifiesten ser titulares de dinero en efectivo no declarado con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.
Para regularizarlo, los ciudadanos sólo tendrán que depositar la cantidad en una cuenta a nombre del declarante antes de presentar la declaración tributaria especial diseñada para este fin.
Según la orden ministerial, podrán acogerse a la regularización extraordinaria los contribuyentes de IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto de la Renta de no Residentes titulares de bienes o derechos de rentas no declarados.
La titularidad de estos bienes y derechos deberá haberse adquirido antes del 31 de diciembre de 2010 y podrá acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.
Los bienes o derechos se declararán por su valor de adquisición, excepto en el caso de cantidades en cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, que se declararán por el importe total del saldo al 31 de diciembre de 2010.
La cuantía que tendrán que pagar aquellos que se acojan a esta regularización extraordinaria será del 10% del importe declarado y sobre la cuantía ingresada no serán exigibles sanciones, intereses ni recargos.
La declaración especial tendrá que presentarse antes del 30 de noviembre de 2012 y los datos relativos a la presentación serán de carácter reservado.
Esta medida se completa con la aprobación de un gravamen especial de dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en España.
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