La relación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía sigue al rojo vivo desde la aprobación del plan de ajuste andaluz, con 500 millones de recorte adicional sobre los 2.500 planteados por el Gobierno regional, en el consejo de política fiscal y financiera de hace dos semanas.
El documento incluye un recorte de gastos de personal de 777 millones de euros en nóminas de la Junta, medida que ha hecho revolverse en su silla a los dirigentes de IU que gobiernan en coalición con el PSOE. De ahí que el viernes pasado, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU) primero, y el presidente, José Antonio Griñán, después, anunciaran un retraso de dos semanas en la concreción de esa partida del ajuste para negociarla con los sindicatos y aprobar el decreto con los detalles del plan.
Y de ahí también que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtiera ayer desde Cádiz que existe una "honda preocupación" en el Gobierno central tras el anuncio de este retraso de dos semanas, demora de la que además no existe constancia oficial en el Ministerio, extremo que ya resaltó el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.
Beteta ha dado instrucciones a la Secretaría General de Coordinación para que se "dirijan al Gobierno andaluz para que garantice el cumplimiento de lo que voluntariamente presentaron" al Ministerio de Hacienda.
Solvencia
Y fue más allá: "De no cumplirse con las garantías adecuadas", que "en este momento no se dan", precisó Beteta, "se tendría que paralizar la aprobación del plan de ajuste y Andalucía vería descontada de su participación en los fondos estatales el importe del pago a proveedores". Este plan, cuya aprobación está pendiente de aprobación, asciende a 2.700 millones de euros en el caso de Andalucía.
El plazo límite para que todos los planes de ajuste estén visados por el Gobierno es el de la próxima reunión del CPFF a medidados de junio, recordó Beteta. El de Andalucía ya había recibido en cualquier caso el visto bueno del Gobierno, aunque el proceso de negociación abierto con los sindicatos de la función pública ha despertado dudas y suspicacias en Hacienda. En el trasfondo de estas advertencias públicas late también el enfrentamiento personal entre el secretario de Estado, Antonio Beteta, y el propio José Antonio Griñán.
El presidente andaluz dudó la pasada semana de la solvencia como gestor público de Beteta, a raíz de los datos definitivos de déficit de la comunida de Madrid, que con un 2,2% duplica a los comunicados inicialmente. Beteta fue consejero de Hacienda del Gobierno regional madrileño hasta junio pasado.
La respuesta del Gobierno andaluz a las advertencias del alto cargo del Ejecutivo central procedió justamente de los dos lugartenientes de Griñán. Primero, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, desde cuyo departamento se señalaba ayer que Andalucía "sí va a cumplir" el objetivo del déficit y el plan de ajuste para ello y se aseguró no entender por qué el Gobierno "se molesta" al abrir un plazo de quince días para dialogar con los sindicatos. Más aún, según estas fuentes, "cuando los Presupuestos aún no se han aprobado". Justamente ayer, destacaron, el propio ayuntamiento de Sevilla (gobernado por el PP) abrió la negociación con los sindicatos municipales para organizar el aumento de la jornada a 37,5 horas y explicó que se tiene de plazo hasta la aprobación de los presupuestos generales del Estado para cerrarla, justo el plazo que se ha dado la propia Junta.
Sin dudas sobre Asturias
Desde esta consejería se lamentó además que Beteta "vuelve a atacar a Andalucía", cuando el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, "han hecho un compromiso público de que Andalucía va a cumplir" con el objetivo de déficit del 1,5% para 2012.
Por su parte, el consejero de Economía, Antonio Ávila, dijo: "Beteta está acostumbrado a imponer y no a dialogar", en relación a los recelos por la negociación abierta por la Junta y los sindicatos. Cualquier decisión que se tome es "mejor si es comentada, dialogada y acordada al máximo que si es una decisión impuesta", abundó.
Por su parte, la única comunidad que aún debe presentar su plan de reequilibrio financiero 2012-2014 es Asturias, cuyo Gobierno tomó posesión justamente ayer. Mariano Rajoy se mostró confiado en la voluntad de acometer el ajuste por parte del Ejecutivo formado por el PSOE e IU en el Principado y recalcó que no va a abrir ningún conflicto por este tema. Marcó así una línea política diferenciada respecto a la que sigue Hacienda con la Junta andaluza.
Andalucía aplaza el plan de ajuste