El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley sobre las últimas reformas en Educación aprobadas por el Gobierno por 179 votos a favor, 135 en contra y ninguna abstención. También se ha convalidado el decreto de Sanidad por 178 votos a favor y 137 en contra y el decreto de RTVE por 193 votos a favor (PP, UPN y CiU) y 122 votos en contra.
La reforma sanitaria, con la que se pretende ahorrar más de 7.000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud, pasó adelante con la mayoría parlamentaria del PP, el apoyo del único diputado de UPN y el rechazo del resto de los grupos.
De hecho, los portavoces de PSOE, CiU, PNV, IU, UPyD, ERC y Mixto han criticado a la ministra del ramo, Ana Mato, por no haber tramitado el texto como proyecto de ley de urgencia, algo a lo que se ha opuesto el Grupo Popular.
Durante la intervención, la ministra ha destacado que con este paquete de medidas se garantiza que la sanidad pública "pueda seguir siendo universal, gratuita y de calidad", al tiempo que permitirá que "todos los españoles puedan ser atendidos de igual forma con independencia de donde vivan".
Todo ello, ha añadido, "manteniendo el modelo y sin imponer el copago en la asistencia sanitaria", pese a reconocer que con algunas de las medidas implantadas "se piden esfuerzos importantes a la población".
En este sentido, Mato ha recordado que el paquete de medidas incorpora un nuevo sistema de copago de los medicamentos, que ahora será variable según la renta de modo que "paguen más los que más tienen y menos o nada los ciudadanos con menos recursos".
De este modo, los trabajadores activos pagarán hasta un 50 ó 60% por sus medicinas en función de sus ingresos, mientras que los pensionistas, que antes no pagaban nada, pagarán un 10 por ciento con un tope de 8 ó 18 euros mensuales según su renta.
Además, y como ha destacado Mato, por primera vez los parados de larga duración no tendrán que pagar por sus medicinas.
Otra de las novedades impulsadas es la introducción del concepto de asegurado al hablar de los beneficiarios de la sanidad pública, y la modificación de las condiciones para obtener la tarjeta sanitaria a fin de combatir el llamado turismo sanitario.
En este sentido, la ministra ha asegurado que "nadie quedará desatendido", tampoco los inmigrantes irregulares o 'sin papeles', a quienes ha asegurado que "se seguirá atendiendo en urgencias".
Tras esta reforma, que según Mato cuenta con el apoyo de todas las comunidades, ha avanzado su "siguiente reto" es culminar un Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales con los grupos políticos, similar al Pacto de Toledo en materia de pensiones, a fin de "dejar a la sanidad fuera debate político". El PSOE, sin embargo, avanzó que no transitaría por esa vía.
Sin apoyos en Educación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con el voto favorable del PP y UPN, el decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo con el que el Gobierno pretende ahorrar hasta 3.000 millones de euros. PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Foro de Asturias han votado en contra y UPN ha pedido, a su vez, la tramitación como proyecto de ley.
Durante las respectivas intervenciones, la mayoría de los portavoces de la oposición han reprochado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que el texto normativo se haya tramitado por decreto, al tiempo que han censurado la "falta de diálogo" con los distintos sectores que forman la comunidad educativa, autonomías y universidades para aprobar estas medidas. Asimismo, han denunciado "invasión de competencias" autonómicas.
Las medidas de este texto, aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, contemplan un aumento de hasta el 20 por ciento de la ratio de alumnos por clase, establecer una parte lectiva de la jornada semanal del profesorado de como mínimo 25 horas en Infantil y Primaria y 20 horas en Secundaria, aplazar la implantación de los módulos de 2.000 horas de Formación Profesional hasta el curso 2014-2015.
Igualmente, se plantea suspender la obligatoriedad de ofertar todas las opciones de Bachillerato, anular la creación de nuevos complementos retributivos del profesorado y establecer que las bajas inferiores a los diez días lectivos sean cubiertas con los propios recursos del centro y no por interinos-
En materia universitaria, el decreto permite ampliar la horquilla que tendrán que pagar los alumnos por su puesto universitario y que irá desde el 15 por ciento hasta el 25 por ciento del coste de este puesto en las universidades públicas, lo que supone un incremento de hasta un 66 por ciento de las tasas. De esta forma, cada alumno podrá pagar hasta 540 euros más por la primera matrícula universitaria, a razón de 60 euros al mes.
Además, la horquilla se ampliará cada vez que el alumno suspenda una asignatura, de forma que se sitúa entre un 30 y un 40 por ciento para la segunda matrícula, entre un 65 y 75 por ciento para la tercera matrícula y entre un 90 y un 100 por cien en la cuarta matrícula. Para los maseteros no habilitantes, se plantea hasta un rango máximo del 50 por ciento.
Ana Mato: "La Sanidad no se puede mantener sin pagarla"
