Los planes de François Hollande para impulsar su cambio hacia el crecimiento no son una quimera y disponen ya de 152.000 millones de euros que Bruselas tiene parados y en expectativa de destino, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los fondos estructurales.
Se trata, en definitiva, de poner a trabajar los 70.000 millones de euros de remanentes que tiene el Banco Europeo de Inversiones (BEI), una institución cuya misión es, precisamente esa, prestar dinero a bajo coste para proyectos de infraestructuras, energía y medio ambiente, y que es hoy la única institución financiera capacitada para actuar como un banco público europeo y pedir dinero a los mercados de capitales con las garantías suficientes -es propiedad de los 27 Estados miembros- para no sufrir el castigo de los especuladores.
Nacido como institución sin ánimo de lucro para respaldar proyectos de inversión, el BEI pide dinero a los mercados de capital, en lugar de sacarlo del presupuesto comunitario, y lo presta a su vez, a un tipo de interés próximo al coste al que a él se lo han prestado. Su ámbito de actuación son todos los Estados miembros de la UE, además de los posibles nuevos socios y los países asociados, incluyendo a Rusia Sudáfrica y países en desarrollo de Asía, América Latina, África, Caribe y Pacífico.
El otro mecanismo que podría activarse con urgencia es el avanzado durante la Cumbre Europea del 30 de enero último, en la que la Comisión Europea planteó reprogramar los 82.000 millones de euros de los fondos estructurales que, habiendo sido asignados, están sin utilizar por los países, bien por problemas burocráticos, bien por falta de recursos para cofinanciarlos.
Los Estados podrían reasignar ahora estos recursos a proyectos de fomento de empleo juvenil, de desarrollo rural, economía verde o desarrollo tecnológico y, de acuerdo con los informes de la CE, España podría disponer de un 31 por ciento de los fondos europeos que le corresponden para el periodo 2007-2013 y que tiene todavía pendientes de asignación.
Una cantidad que se estima en torno a 10.700 millones de euros, del total de 34.658 millones presupuestados dentro del Fondo Social Europeo (FSE), de los Fondos de Desarrollo Regional (Feder) y de los Fondos de Cohesión.
El problema fundamental estriba precisamente en la obligación de cofinanciación de los proyectos por parte de los países miembros, y que ha sido el principal escollo para su infrautilización hasta la fecha.
En este punto, responsables comunitarios apuntan a la posibilidad de utilizar al Banco Central Europeo (BCE) como agente financiero, y sin necesidad de modificar los estatutos de la institución. Porque, aunque el BCE tiene prohibido prestar directamente a los Estados, sí puede facilitar financiación a las agencias financieras estatales, es decir, al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el caso de España, y a sus equivalentes en otros países miembros de la Unión.
Con ello, el BCE podría facilitar crédito al ICO al mismo interés que ahora lo está haciendo con los bancos privados, al 1 por ciento. Pero con una sensible e importante diferencia, que mientras estos bancos privados utilizan los préstamos que les facilita el BCE para mejorar sus resultados mediante la compra de deuda soberana de los países a los que cobran intereses del 4 o el 5 por ciento, el ICO y sus equivalentes podrían financiar a sus gobiernos respectivos o a los gobiernos autonómicos o regionales, al mismo interés que les cobra a ellos el Banco Central Europeo, o muy ligeramente por encima.
De esta forma, se aliviaría en gran medida la carga financiera del endeudamiento y se haría una política real de apoyo al crecimiento
Merkel anuncia una 'agenda del crecimiento'
