El secretario de Estado de Administraciones Públicas desgrana para elEconomista las claves de la acción de Gobierno. "El centenar largo de oficinas de CCAA en el exterior es un despropósito que cuesta 150 millones", afirma Beteta, que reclama además a los bancos créditos para pymes y autónomos e insta a redefinir competencias entre municipios y autonomías.
Antonio Beteta es un hombre informado, madrugador, que llega cada mañana a la sede del Ministerio con toda la prensa leída, que se siente en su salsa en su puesto al frente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, un departamento clave en la agenda de reformas del Gobierno popular, el único Ejecutivo que se ha atrevido a abordar el hueso de la redimensión del sector público. Político curtido, madrileño, desgrana para elEconomista las claves de la acción de Gobierno.
¿Cómo se va a articular la reforma de la Administración Pública?
El Estado de las Autonomías es un éxito, pero ha incurrido en defectos que la crisis ha evidenciado aún más. El orden competencial no está bien definido. Hay duplicidades e ineficiencias. Las Administraciones Locales tienen una lista muy corta de competencias y una cláusula que permite actuar a través de las denominadas competencias impropias, estatutariamente de otros niveles de Gobierno, pero que desarrollan con cargo a su Presupuesto. Esto ha supuesto que los ayuntamientos tengan una mala situación financiera. Por eso es prioritario redefinir el modelo competencial de las AAPP.
Ninguna autonomía puede usar como banco a un municipio para que lleve un servicio propio y no pagarlo, y eso está pasando. Cualquier competencia autonómica desarrollada por una Corporación Local deberá ir aparejada de una inmediata transferencia de recursos garantizada desde la Administración del Estado. Así habrá equilibrio presupuestario tanto en la comunidad, que sabrá que lo que delega le cuesta, como en la corporación local, que sabrá que el trabajo que hace lo ingresa.
El debate de asunción de competencias o el de su retorno desde las autonomías a la Administración Central debe ser cerrado y olvidado.
¿Incluso aunque la asunción de alguna competencia estatal por la comunidad autónoma tuviera sentido por cuestión de operatividad?
No es momento de que las autonomías asuman nuevas competencias. Lo esencial es reordenar el modelo entre las administraciones autonómicas y las locales. Ahí es donde hay solapamientos. Aunque también los hay entre las administraciones autonómicas y la estatal, como las oficinas comerciales en el exterior. Con una base estatal fuerte, resulta un despropósito ese centenar largo de oficinas de las CCAA que cuestan mucho al contribuyente, más de 150 millones que podríamos ahorrar. Las representaciones diplomáticas pueden y deben ser auténticas agencias de venta de la marca España y de las empresas españolas.
¿Cómo afectará la reforma del sector público al ciudadano?
Debe haber un bloque idéntico y homogéneo de servicios en toda España garantizado financieramente por el Estado y sujeto al equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Eso se llama sistema de financiación autonómica justo.
Es decir, el objetivo es lograr la eficiencia financiera...
Como dijo el presidente del Gobierno en su investidura, el lema es una Administración, una competencia. Hace falta eficiencia, por respeto a cada euro del contribuyente. A nadie gusta pagar impuestos, todos somos conscientes de que nada es gratis y de que cada servicio público hay que pagarlo. Lo tiene que pagar el contribuyente y lo tiene que pagar en parte el usuario. No se pueden permitir despilfarros, ineficiencias, o desajustes entre gastos e ingresos. Se trata de un programa nacional y es esencial ante el objetivo: la recuperación y la creación de empleo.
Cuando ajustamos los gastos a los ingresos reducimos la apelación a la deuda pública, que es la parte del crédito que en vez de estar en manos de empresas y familias está en manos de la Administración, de algo improductivo, aunque presta servicios. Es imprescindible reducir nuestra apelación al crédito para dejar campo a la inversión y que ésta genere puestos de trabajo.
¿Esa reforma de la Administración estará lista en mayo?
Las bases estarán definidas, y en pleno proceso de negociación con la FEMP y las autonomías. Una moción aprobada en el Senado establecía como plazo para implementarla todo este ejercicio. Esperamos que esté antes. En mayo, la prioridad es pagar a los proveedores, y habrá Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Que se perfila movidito...
Sí. Analizaremos los planes de ajuste de todas las autonomías. Sabrán si tienen nuestro informe positivo, y si no, conocerán las recomendaciones para alcanzar el déficit. Este año se dan varias circunstancias. Muchas autonomías elaboraron sus Cuentas sin saber cuáles iban a ser sus ingresos porque no había Presupuestos Generales del Estado y porque las notificaciones del Ministerio de Economía y Hacienda socialista fueron hinchadas y erróneas.
Los ajustes en competencias propias de las autonomías suponen 10.000 millones. Insuficiente. Estamos en un diálogo fluido con ellas, procurando que sean aprobables todos los planes, creíbles y ejecutables, para conducir a ese déficit del 1,5 por ciento, lo que implica esfuerzos distintos en cada autonomía.
El Gobierno ha aprobado dos reales decretos leyes en educación y sanidad que pueden suponer, de usarse en su plenitud, más de 10.000 millones adicionales. Así, las regiones podrán ajustar 20.000 millones. Esto sí es suficiente.
¿Se premia ese esfuerzo?
Ayudamos con el plan de proveedores, duplicando el periodo para las devoluciones negativas de 2009 y 2010, hemos adelantado la positiva de 2011 para generar liquidez y se ha extendido la jornada laboral en todas las Administraciones para facilitar este objetivo.
¿En qué medida ayudará el plan de proveedores?
Ganamos credibilidad por ser un país que paga y es un estímulo al crecimiento. Puede suponer entre 0,4 y 0,6 puntos de alza del PIB y cerca de 100.000 puestos de trabajo. Se busca que el dinero vuelva a fluir.
¿Y qué hay de las 'famosas' facturas en el cajón?
Dudo que queden cantidades significativas que no estén anotadas en los Presupuestos, ya sea en la cuenta 409 -registrada por la intervención, controlada por Europa, y que forma parte de nuestro déficit público-, ya sea anotadas en la contabilidad y que están impagadas porque en muchos casos las regiones han sido incapaces de colocar su deuda en el mercado. Las CCAA han presentado más de 4 millones de facturas por 17.000 millones que se van a pagar, porque no hacerlo sería un enriquecimiento ilícito de la Administración.
Pero... ¿y las que no figuran? Se habla de 1.850 millones en Valencia...
Nosotros conocemos las facturas con toma de razón por parte de la Intervención, las ya registradas. Eso es lo que interesa para que sean pagadas en el plan de proveedores. Luego habrá que ver una a una si están registradas en el déficit. Las facturas no las envía el Gobierno autonómico, sino la Intervención de cada CCAA. Un interventor no puede certificar algo que no está tomado en razón. Y todo lo que se pague de comunidades autónomas y ayuntamientos está tomado en razón.
¿Cómo afrontan la posibilidad de intervenir a alguna autonomía?
En virtud del principio de transparencia, vamos a conocer mensualmente la evolución de las finanzas autonómicas. Todos: la Administración, los proveedores, la banca. Conocido ese estado, hay seis pasos que conducen hasta la intervención, que es el último, pero si hay que utilizarlo se utilizará.
¿Realmente peligran empleos públicos? ¿Eventuales, personal laboral?
Hay ayuntamientos que no están pagando nóminas, hay trabajadores públicos que están prestando servicios y no cobran. Eso no es razonable. Pero hay muchas posibilidades de actuación: reducción de jornada, fijos discontinuos, trabajo a tiempo parcial. El despido es lo último.
¿Criterios empresariales para optimizar la plantilla pública?
Sí. Las CCAA y municipios tienen que prestar los servicios que puedan pagar. Tendrán que ajustar todos sus gastos, el de personal también. Es el reto. No podemos engañar al ciudadano, no se puede decir que tienes una plantilla y no pagarla. No podemos pagar gasto estructural con ingreso coyuntural.
¿Cuándo se reactivará la oferta de empleo público?
Tardará. Tenemos una auténtica limitación en la ley, la reposición del 10 por ciento de los efectivos que se jubilen a lo largo de un año en sectores prioritarios.
¿Está garantizado el 5,3 por ciento de déficit a cierre de ejercicio?
Sin duda. Nos jugamos mucho como país, hemos puesto sobre la mesa reformas muy duras, que no gustan, pero que hay que hacer, porque tenemos que ganar credibilidad para que fluya la inversión crediticia y tire del crecimiento y el empleo. Eso traerá bases fiscales nuevas y va a favorecer la prestación de nuevos servicios públicos. Ahora estamos pidiendo un esfuerzo a la sociedad, pero temporal.
¿Por qué el crédito no filtra a la llamada economía real?
El plan de proveedores ha sido financiado por la banca porque tiene garantía del Estado. Es un estímulo del Estado, no de la banca, que no lo hubiera hecho de no estar garantizada la devolución. Hay que pedir al sector financiero que apoye al crédito solvente, a los emprendedores, a los autónomos, que utilice los fondos del BCE para dinamizar proyectos de pymes y autónomos, que son la base del empleo en España. Así, con clientes que están más saneados, la banca va a estar saneada para contribuir al desarrollo económico que pensamos ya se dará en la segunda parte del próximo ejercicio.
Hay un bloque nacionalista que rechaza los Presupuestos.
Son conscientes de lo que no se va a aceptar. No es hora de mirarse el ombligo, como dijo el ministro de Hacienda, sino de mirar adelante y pensar en España y en Europa. No pensar en lo común y sólo en lo propio empobrece a lo propio y lo común porque lo que es bueno para España es bueno para Cataluña, para Madrid, para Canarias, para Ceuta, para Galicia? para todas.
¿Tocaremos fondo este año?
Hace falta que las reformas sean capilarizadas. Eso requiere algún tiempo. Este año es el las reformas, y 2013 será el año del cambio.
¿La canciller Merkel se quedará sola en su discurso 'antiperiférico' si gana el socialista Hollande en Francia? ¿Eso aligerará presión sobre España? ¿La Ley de Estabilidad Presupuestaria conjura todos los riesgos en este sentido?
Los españoles hemos asumido el equilibrio presupuestario en nuestra Constitución. No es algo coyuntural, sino estructural. Lo desarrollamos en una Ley de Estabilidad Presupuestaria que se ha aprobado en las Cortes entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones francesas, pero eso nos tiene que dar igual. Lo esencial es saber lo que necesita España. Y lo que no puede permitirse es que el déficit, a través de la deuda, vampirice el crédito y limite las posibilidades de las empresas y las familias porque eso impide la creación de empleo.
No necesitamos que venga nadie a imponernos nada. Si gana François Hollande en Francia, si se establece una dinámica diferente dentro de la UE, si se traslada o no al BCE con sus indicaciones en relación con posibles estímulos son cuestiones que no tienen nada que ver. Tenemos un camino, claro, marcado, que pasa por gastar lo que tenemos, por no apelar al déficit para dejar espacio a la empresa y a la familia para que genere riqueza y empleo.
Defina, por favor, ese ente que preside los vaivenes de esta crisis: los mercados.
Los mercados son una opinión que se tiene sobre nosotros, algo que juzga nuestra credibilidad. Se materializa a través de la banca y se concreta en los informes que sobre nosotros hacen los que nos ven: las agencias de rating, el FMI, el BCE, el Banco Mundial. Todo el mundo mira a todo el mundo, ese conjunto es el que al final se traduce en que se invierta en un país o no en función de si se piensa que ese dinero va a retornar con los intereses de esa confianza depositada, que es el motor de la economía y es de lo que viven los mercados.
Beteta se disculpa ante los funcionarios
