Generalitat denuncia un recorte del 56% de los recursos para formar a parados

Barcelona, 27 abr (EFE).- La Generalitat tendrá que redefinir sus políticas destinadas a facilitar la formación y el acceso de los parados al mercado de trabajo después de que el Gobierno del PP haya reducido en un 56 % los recursos en este ámbito que prevé destinar a Cataluña en 2012, que pasarán de 457 a 198 millones de euros.

La secretaria de Empleo y Relaciones Laborales, Esther Sánchez, ha denunciado hoy en conferencia de prensa que el ajuste que prevé el Gobierno "es manifiestamente injusto" y afecta de pleno a los planes de la Generalitat, que hace meses que trabaja con entidades locales, agentes sociales y otras organizaciones para lanzar actuaciones de orientación y formación que ahora peligran.

Sánchez ha asegurado que el recorte en políticas activas del Gobierno, que se materializará el próximo 9 de mayo en una reunión entre comunidades autónomas y el Estado en Madrid, "afecta al futuro profesional de las personas en paro y en especial a aquellas que ya no cobran nada".

El Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat contaba con que los recursos que proceden del Estado para las políticas activas se reducirían entre un 15 y un 20 % con relación al año pasado y se ha visto sorprendido por un descenso global de un 56 % que, en algunas partidas concretas, llega al 99 %.

"Es una muestra de deslealtad institucional inédita", ha dicho la responsable de empleo de la Generalitat, que no descarta que el Govern lleve este caso al Consell de Garantíes Institucionals.

Los colectivos de personas sin empleo que más se podrán ver afectadas por este recorte son precisamente los que se encuentran en situación más vulnerable, como los parados de larga duración y de sectores que necesitan seguir itinerarios formativos para reorientar su futuro profesional y las personas con discapacidad.

En concreto, Sánchez ha señalado que con los recursos previstos en estos momentos no se garantiza que las personas con discapacidad empleadas en centros especiales de trabajo puedan cobrar ni el 50 % del salario mínimo interprofesional.

"Sólo quieren reducir las nóminas del paro a partir de las bonificaciones, mientras que buscan que las autonomías pierdan peso específico en el desarrollo de políticas activas que pueden ayudar a las personas a encontrar trabajo. Volvemos a la caverna", ha dicho.

El recorte de los recursos obligará con toda probabilidad a la Generalitat a asumir con sus propios recursos gastos que ya han asumido las entidades locales y que trabajan en la elaboración de planes de formación y que ahora se quedarán sin la subvención estatal.

"Ahora tendremos que satisfacer estos gastos con presupuesto propio o computarlo como déficit", se ha lamentado la secretaria de Empleo.

El ejecutivo catalán está estableciendo contactos con otros gobiernos autonómicos para intentar minimizar el recorte de fondos para las políticas activas.

En paralelo, ha empezado también a rediseñar las actuaciones que tenía previsto llevar a cabo en 2012 y se enmarcaban en un nuevo modelo que el Departamento de Empleo había presentado como casi un revulsivo para intentar buscar una salida a muchos de los desempleados catalanes.

Pese a admitir que la Generalitat tiene ya "poco margen de maniobra", Sánchez ha anunciado también que prepara junto a los sindicatos y las entidades municipales una futura ley de empleo para Cataluña.