La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería para evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.
En este sentido, ha explicado que a los inmigrantes, a la hora de empadronarse, se les exigirán una serie de requisitos para acceder a los servicios sanitarios. "Los que tienen residencia fiscal en el país, viven con nosotros y pagan los impuestos aquí recibirán el mismo servicio sanitario que los españoles", ha precisado Mato.
"Garantizamos la universalidad de la sanidad para todos los españoles, pero vamos a acabar con los abusos que hacen algunos extranjeros", ha asegurado.
Esta es una de las medidas previstas en el Real Decreto Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros para lograr un ahorro de 7.000 euros en la Sanidad Pública.
Mato ha justificado esta medida señalando que "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas los familiares que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".
Asimismo, ha avanzado que se sacarán de financiación algunos medicamentos "con poco valor terapéutico", que se establecerá una cartera de servicios única en todo el país y que se instará a las farmacéuticas a adecuar los envases de los medicamentos a las duraciones habituales a los tratamientos.
El objetivo, ha explicado Mato, es que "si una persona tiene una enfermedad y el tratamiento de ésta dura siete días, que el envase tenga las unidades necesarias para los siete días de tratamiento, ni más ni menos".
"Estamos pasando una situación muy difícil en España y todos tenemos que colaborar con los que lo están pasando peor y por ello por primera vez los parados sin prestación no pagarán por medicamentos y quienes tienen renta más alta pagarán el 60% del coste de los medicamentos", ha señalado en referencia a los acuerdos adoptados por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles, que han sido estudiados por el Gobierno.
Entre las actuaciones consensuadas se incluye el "copago" farmacéutico, por el que los pensionistas pagarán el 10% de los fármacos, con un límite de entre 8 y 18 euros en función de la renta, mientras que los que reciban pensión no contributiva y los parados no abonarán nada.
¿Cómo ahorrará Sanidad 7.000 millones?
