La consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, ha afirmado que tuvo conocimiento de las prácticas de las cementeras navarras sancionadas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), por actuar como un cartel, cuando "se dictaminó la resolución". "Antes no había tenido ningún conocimiento sobre esta materia", ha asegurado.
PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)
La consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, ha afirmado que tuvo conocimiento de las prácticas de las cementeras navarras sancionadas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), por actuar como un cartel, cuando "se dictaminó la resolución". "Antes no había tenido ningún conocimiento sobre esta materia", ha asegurado.
Así lo ha señalado la consejera, en comisión parlamentaria a petición de Nafarroa Bai, para informar sobre la resolución de la CNC por la que declaró la existencia de un cártel en el que habrían participado Cementos Portland Valderribas, Canteras de Echauri y Tiebas (CETYA), Hormigones Beriain, Cemex España y Canteras y Hormigones VRE (VRESA).
Ante esa infracción, Competencia impuso sanciones por un total de 11 millones. En concreto, multó con 5,7 millones a Cementos Portland, con 2,5 millones a Beriain, con 1,4 millones a CETYA, con 959.277 euros a VRESA y con 502.283 euros a Cemex.
La consejera navarra, que ha detallado que esta cuestión no es competencia de su departamento, ha remarcado que aún así una vez conoció la sentencia de la CNC, "y sabiendo que afectaba al sector industrial", se reunió "con la persona denunciante de esta práctica ante el mercado de la competencia".
De este modo, ha resaltado Lourdes Goicoechea, "recogí la información pertinente en una larga reunión y la tengo ahí para cuando considere necesario utilizarla".
En este sentido, ha remarcado que tras la resolución de la CNC "se abrió un periodo de posibles alegaciones por parte de las empresas sancionadas" que "han recurrido", por lo que, según ha precisado, "tendremos que esperar por prudencia a la sentencia final".
En todo caso, y como le han pedido la mayoría de los grupos parlamentarios, ha afirmado que va a trasladar esta inquietud a los departamentos con competencias en esta materia, el de Fomento y Vivienda y el encargado de la defensa de los consumidores, para que "tome las medidas que sean oportunas si existe algún tipo de actuación para llevar a cabo por parte del Gobierno foral ante esta práctica".
GRUPOS PIDEN AL GOBIERNO QUE TOME MEDIDAS
En el turno de los grupos, Txentxo Jiménez, de Nafarroa Bai, se ha preguntado "qué conocimiento tenía el Gobierno" sobre esta cuestión cuando "había una competencia desleal y se estaban viendo perjudicados también centros privados" y ha preguntado a la consejera si el Ejecutivo va a plantear alguna acción legal para "recuperar el dinero que se nos ha estafado".
Por parte de UPN, Maribel García Malo, ha destacado que el Gobierno de Navarra "está respondiendo alto y claro" sobre este tema, en el que "no tenía competencias" porque las actuaciones de las cementeras "trascendían los límites de Navarra a otras comunidades".
Por su parte, el socialista Samuel Caro ha pedido que se "actúe con contundencia ante este tipo de prácticas faltas de ética" y ha considerado que el Gobierno "debería actuar si se puede llevar a las cementeras a los tribunales y reclamarles responsabilidad". "La causa merece un repaso, como administración pública hemos podido ser estafados y merecemos respuestas claras", ha considerado.
En este sentido, Bikendi Barea, de Bildu, ha calificado de "demoledor" y "anticompetitivo" la actitud de las cementeras navarras sancionadas, y ha lamentado "la merma a los consumidores y a las administraciones" que ocasionó esta práctica.
Desde las filas del PPN, Ana Beltrán, ha opinado que se trata de un tema "grave y de mucha importancia" y se ha preguntado "cuánto habrá aumentado esta práctica los costes de la obra pública en Navarra". Por ello, ha pedido que se investigue este tema "con toda la prudencia que se quiera".
Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha pedido a la consejera que el Ejecutivo foral "actúe para defender a los consumidores navarros porque ha habido compradores de la comunidad, e incluso la propia administración, que se han visto afectados por la práctica de las cementeras". "Algo debería hacer el Gobierno al respecto", ha sentenciado.
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