La titular del Ministerio de Sanidad plantea hoy a las comunidades autónomas que los pensionistas paguen el 10% de los medicamentos que se les recete, con límites para evitar perjudicar a los enfermos crónicos, y que los activos paguen el 50%, en lugar del 40% actual, según han avanzado fuentes del PP.
Ésta es una de las propuestas que lleva hoy el Ministerio al Consejo Interterritorial de Salud después de consultar posibles iniciativas de ahorro con los consejeros autonómicos de Sanidad, y que se aprobará previsiblemente en el Consejo de ministros del viernes mediante un real decreto.
Los pensionistas, que ahora no pagan por las recetas, deberían abonar el 10% del precio de los medicamentos, aunque si gastan más de diez euros al mes durante tres meses consecutivos se les devolvería el dinero abonado por encima de los 30 euros.
Mato quiere debatir este "copago farmaceútico" que establecerá en función de la renta de cada ciudadano dentro de los recortes en Sanidad. Con esta iniciativa, el Ejecutivo estima que podría ahorrar unos 3.700 millones de euros, del total de 7.000 millones que pretende recortar para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El Consejo Interterritorial, que comenzó a las 11:30 horas en la sede del ministerio, tiene por objetivo lograr un "acuerdo de medidas de sostenibilidad" para este servicio público, amenazado por la crisis económica.
Ana Mato y otros ministros del Gabinete Rajoy ya habían deslizado la posibilidad de que el sistema de financiación de los medicamentos podría modificarse, alcanzando un consenso con las autonomías. La consigna era que pagarán más por los medicamentos quienes más tuvieran.
Controlar el turismo sanitario
Sacar de la financiación pública algunos tratamientos y revisar la cartera de servicios de la Sanidad pública son otras pautas que podrían acordarse en esta reunión.
Para conseguir este fin, tendrá que convertirse en realidad el proyecto de tarjeta sanitaria única para toda España, donde figuraría la información fiscal de cada usuario.
En la agenda del Consejo figura la presentación de un informe en el que se proponen mecanismos de actualización y aportación reducida en la prestación farmacéutica, y la definición de los criterios mínimos de ordenación de este sector.
También se estudia sacar de la financiación pública algunos medicamentos para dolencias menores y conseguir el mejor precio para tratamientos y productos sanitarios a través de una central de compras.
Una de las medidas más destacadas en la que trabajan las autoridades es la de controlar el denominado "turismo sanitario", tanto de los europeos que residen en España como de aquellos que utilizan este servicio en las épocas vacacionales.
Mato y los consejeros de Sanidad decidirán en qué puntos se revisará la cartera de servicios para evitar gatos innecesarios, aunque ya se ha avanzado desde el Gobierno que se recortarán, por ejemplo, los transportes sanitarios, las operaciones de cambio de sexo y los tratamientos de fertilidad.
En este marco se informará sobre el nuevo Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) para atender los gastos de las personas que reciben atención fuera de la comunidad autónoma en que están domiciliadas.
Los genéricos
Se darán a conocer también un análisis sobre la evolución del consumo de medicamentos genéricos, otro sobre la ordenación profesional del personal sanitario así como un programa de aprovechamiento y ahorro en el fraccionamiento del plasma español.
Las autoridades sanitarias analizarán además qué actuaciones adoptar en relación a la queja europea sobre la práctica de ciertos hospitales públicos españoles de rechazar la tarjeta sanitaria europea (TSE) cuando el paciente tiene seguro médico privado.
Mato presentará finalmente a los consejeros una propuesta de actuaciones de colaboración y coordinación en relación al caso de los "niños robados".
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Sanidad: ¿Adiós al modelo autonómico?
