Madrid, 16 abr (EFE).- La patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT han coincidido hoy en que no se puede aprovechar la tramitación parlamentaria de la reforma laboral para incluir en ella una ley de huelga.
Tras intervenir en una conferencia sobre empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; de UGT, Cándido Méndez, y de la patronal CEOE, José María Lacasa, han pedido que no se haga una regulación en caliente.
A las 20.00 horas de hoy acaba el plazo para que los partidos presenten sus enmiendas parciales a la reforma laboral, después de que el jueves se rechazasen cinco a la totalidad.
Lacasa ha descartado que del Congreso salga una normativa de huelga.
El dirigente empresarial ha recordado que para su aprobación se requiere de un debate "tranquilo", más aún si España lleva 30 años sin una ley de huelga.
Según Toxo, la propuesta de regular el derecho a la huelga ha partido de CiU, de quien ha dicho que cree que no la ha formalizado.
No obstante, ha afirmado que no sabe si el apoyo de este grupo a la reforma laboral tiene que ver con que quiera una ley de huelga o, si por el contrario, está buscando otras cosas, como un nuevo modelo de financiación autonómica.
"Pero vamos a estar muy atentos a la eventualidad de que pudiera aprovecharse esta circunstancia -la tramitación- tomar una iniciativa en ese sentido", ha advertido.
En su opinión dicha normativa es "innecesaria" y sobre todo en un momento de conflictividad como el actual -tras la huelga general del pasado 29 de marzo- ya que agravaría el enfrentamiento con el Gobierno.
Méndez también ha avisado de que sería un "disparate" aprovechar la tramitación parlamentaria para "colar" un recorte a un derecho fundamental como es el de huelga.
Asimismo, ha querido afirmar de "forma categórica" que en España no es necesaria una nueva regulación en la materia, porque se trata de un derecho que está avalado por la Constitución.
A su juicio, lo que está "pendiente" es una discusión "en frío" sobre qué son servicios esenciales y cuál debe ser la garantía para su prestación.
Sin embargo, ha expresado su temor a que se pretenda dar un "golpe lateral" al derecho a la huelga por el procedimiento de la reforma del Código Penal, lo que sería "gravísimo".
Méndez ha opinado que no se pueden aprovechar los incidentes registrados -en referencia Valencia o Barcelona- porque son reflejos de la situación que vive la sociedad española.
