Economía

Andalucía incrementa un 50% el personal de sus servicios centrales en pleno recorte

  • Los 20.000 enchufados cuestan como poco 600 millones

La Junta de Andalucía tiene ya un gravísimo problema legal derivado de la reforma del sector público andaluz. Ésta ha supuesto, fundamentalmente, la inclusión en la Administración general de la comunidad -sus servicios centrales, por decirlo así, excluidas Sanidad y Educación- de unos 20.000 trabajadores de agencias externas a la Junta que, con esta reestructuración, pasan a formar parte de esa Administración general.

Andalucía -que va a acogerse al plan de pago a proveedores arbitrado por el Ministerio de Hacienda a través del ICO, ya que debía 3.000 millones a final de 2011- afronta así una situación paradójica: cumplir las exigencias de ajuste que el departamento de Cristóbal Montoro planteará a todas las autonomías que entren en el plan de pagos -como ya ha ocurrido con los ayuntamientos- y, al tiempo, incrementar en un 50% la masa salarial de su Administración general.

Esta parte troncal de la Junta de Andalucía, según datos del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), está integrada ahora por unas 50.000 personas. A ellas se sumarían las 23.000 procedentes de las agencias, una cifra en cualquier caso estimada, que podría ser incluso de 30.000, ya que la consejería de Hacienda y Administración Pública nunca ha desvelado la cantidad concreta. De ellas, 20.000 son trabajadores que no han pasado por ningún proceso de selección basado en los principios de mérito y capacidad y a los que se quiere equiparar, a todos los efectos, con un empleado público que ha entrado en la Junta previo examen y pruebas selectivas.

Coste y polémica

Su coste total, asumiendo que el salario medio anual de un funcionario o personal laboral es de 30.000 euros, sería nada menos que de 600 millones de euros. Alfredo Pérez, presidente de Safja, añade sin embargo dos precisiones que podrían elevar ese importe sustancialmente: primero, que el número total podría sobrepasar ampliamente esos 20.000 llegando "incluso a 35.000" empleados, y, segundo, que sus condiciones salariales son sustancialmente más favorables que las de los empleados públicos, ya que muchos tienen categoría de directivos o bien pactaron condiciones laborales particulares fuera de los convenios generales de la administración pública. Con todo ello, el coste podría aproximarse en una estimación máxima al entorno de los 1.000 millones de euros.

¿Cómo casa este monumental aumento de la masa salarial pública con las exigencias que haga Hacienda a los Gobiernos autonómicos para la reducción de los costes de personal -entre otros gastos-, de manera análoga a como se ha hecho con los ayuntamientos? "La Junta está tratando de blindar a estos trabajadores incluyéndolos en el corazón de la Administración, para evitar que queden tan expuestos como lo estaban en las diferentes agencias y entes existentes antes de la reestructuración", explica Pérez.

De ahí que los sacrificios que ya se está vislumbrando que exigirá la Administración autonómica a sus trabajadores -sean funcionarios, personal laboral o esos 20.000 empleados que denomina subrogados tras las múltiples sentencias judiciales en contra- pasen por eliminación de beneficios sociales o reducciones de sueldo adicionales. "Algo injusto, porque estaremos pagando todos para poder mantener las nóminas de quienes han accedido a la Administración sin cumplir con los requisitos que exige toda convocatoria pública: igualdad, mérito y capacidad", remacha el dirigente sindical.

Nuevas dudas sobre la situación futura de estas personas que se suman, y derivan, además, del tremendo varapalo legal que el propio proceso de reordenación, y su ejecución individualizada agencia por agencia pública, está sufriendo desde hace más de un año por parte del Tribunal Superior de Justicia andaluz y diferentes juzgados de lo Contencioso-Administrativo y lo Penal de diferentes provincias andaluzas.

Este conflicto, el más grave en la historia de la Administración pública andaluza, deriva de la aprobación del decreto de reordenación del sector público en 2010, para reducir casi a la mitad el número de entes y agencias dependientes de la Junta y su fusión, junto a su personal intacto, en nuevas agencias ligadas directamente a la administración general de la Junta.

La batalla judicial presentada por Safja y otros sindicatos como CSI-CSIF ha supuesto ya la anulación de la integración de unos 8.500 trabajadores en las nuevas agencias. CCOO y UGT, sin embargo, apoyan la reordenación, ya que muchos de los 20.000 enchufados son afiliados suyos o familiares de miembros de esos sindicatos

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