Cinco años de crisis no pasan en balde. El liberalismo se tambalea incluso en la Comisión Europea, pese a ser un feudo de tecnócratas ajenos a los humores proteccionistas del electorado. Resultado: Europa camina al filo de dos guerras comerciales con el mundo exterior.
Y, en su cocina interna, ha reabierto una negociación para elevar los derechos de los empleados desplazados a un país europeo diferente del suyo; negociación que, según la patronal, es dar marcha atrás en el mercado supuestamente único.
Primera posible disputa comercial: la Comisión Europea puso ayer en su punto de mira a las empresas extranjeras que compiten por adjudicarse licitaciones de las Administraciones públicas en los 27 países de la UE. Hasta ahora eran bienvenidas porque al aumentar la competencia, supuestamente, mejoran la relación calidad-precio de los servicios ofrecidos con cargo al bolsillo del contribuyente.
Propuesta sobre la mesa
Bruselas planteó ayer -ahora deben negociarlo los Estados de la UE-, que cuando una Administración o una empresa pública europea quiera excluir a un grupo no europeo de licitaciones por un valor superior a 5 millones de euros, pueda solicitarlo al Ejecutivo comunitario. Si los eurócratas consideran que la empresa en cuestión es de un país que zancadillea a las empresas europeas que intentan participar en sus licitaciones, autorizará el veto.
Además, por iniciativa propia, Bruselas identificará qué países obstaculizan sistemáticamente a los grupos europeos que licitan en su territorio. Y podrá decretar un veto general o sectorial a las empresas de tal país que intentan adjudicarse contratos públicos en Europa. Reino Unido o España ya tienen este tipo de dispositivos, y Bruselas intenta que no hagan la guerra por su cuenta, como el ejército de Pancho Villa.
El principal objetivo es China. Pero al exigir reciprocidad, Bruselas recordó ayer que mientras las empresas de países ajenos a la UE pueden pujar por el 80% de los contratos públicos en Europa -la defensa es obviamente uno de los sectores cerrados-, la apertura de sus socios deja mucho que desear: 32 por ciento en EE UU, 28% en Japón, 16 en Canadá, cero en emergentes como los BRICs: Brasil, Rusia, India y China.
Segunda posible disputa comercial: China, India, Canadá o Estados Unidos presionan cada vez con más insistencia para que la UE renuncie a imponer sobre las aerolíneas extranjeras el régimen de comercio de emisiones de CO2 que, para combatir el cambio climático, incrementará los costes de las aerolíneas que operen en Europa. El sector ya está muy tocado por la crisis y el alza del petróleo.
Tercer frente: Bruselas propuso ayer una directiva y un reglamento para que, por ejemplo, cuando una empresa irlandesa con sede en Chipre desplace temporalmente a Francia a empleados polacos, estos tengan idénticos derechos que sus homólogos franceses mientras trabajen en territorio galo. Visto desde la izquierda, es para evitar dumping social o competencia desleal entre trabajadores; visto desde la derecha, es proteccionismo.
La patronal europea lleva años haciendo lobby para frenar esta propuesta. La legislación comunitaria sobre trabajadores desplazados, de 1996, se supone que garantiza esos derechos. Pero su ambigüedad ofrece a las empresas más margen del que desean los sindicatos; y ha dado lugar a una jurisprudencia en la que la libre circulación de empresas y capitales prima sobre el derecho a la movilización sindical.
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