MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha avanzado en el Senado que el Gobierno "revisará los procedimientos de contratación" de productos financieros como las participaciones preferentes y eliminará "la letra pequeña" para que el consumidor tenga "pleno conocimiento" del compromiso que asume con el banco o la caja de ahorros cuando suscribe un contrato.
Así lo ha explicado durante su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado, en la que ha destinado varios minutos al área de consumo, que depende de su gabinete, por considerar que este área "había perdido gran parte de la iniciativa y la efectividad" durante los "últimos años".
Según ha señalado, el Ejecutivo va a "prestar especial interés" a los consumidores de productos financieros, "muchos de los cuales se han visto seriamente afectados por las consecuencias de la crisis" y "en especial, en lo referido a las participaciones preferentes" --bonos cuya rentabilidad está sujeta a los beneficios de la entidad financiera--.
"El Gobierno revisará los procedimientos de contratación de este tipo de productos financieros para que exista una obligación clara por parte de las entidades bancarias de facilitar toda la información necesaria", ha asegurado, para incidir en el objetivo de "eliminar la 'letra pequeña' para que a la hora de tomar una decisión, el consumidor tenga pleno conocimiento de los compromisos que asume con el banco o con la caja de ahorros".
También en materia de anuncios, Mato ha avanzado que reformará el Real Decreto que regula el sistema arbitral de consumo a fin de "aligerar el procedimiento administrativo para alejar la vía judicial clásica lo más posible" y ha apuntado que el Ejecutivo ya está trabajando en el desarrollo de "un nuevo modelo de factura eléctrica, más transparente y de más fácil lectura e interpretación por todos los consumidores".
Además, ha dicho que "a partir de ahora las campañas nacionales de control de mercado se centrarán en aquellos productos y servicios que están causando más problemas para los ciudadanos" y ha apuntado que se promoverá un "programa piloto para testar prácticas comerciales ilícitas" en Internet que ayude a prevenir incidencias y conseguir, "cuando sea posible", el resarcimiento del daño causado.
Habrá asimismo mayor control en el sector servicios, ya que, según ha explicado Mato, en el marco de la regulación de las oficinas de atención al usuario, se establecerán "criterios en cuanto a las exigencias de información y transparencia que deben ofrecer las empresas en la fase precontractual, pero también para la atención a las reclamaciones y para la solución de los conflictos cliente-empresa".
En cuanto a la creación de una Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria, acordada en la Conferencia Sectorial del ramo, la ministra ha apuntado que su departamento "tiene ya un equipo de alto nivel trabajando en la normativa en la que se sustentará, siguiendo el modelo de la propia Dirección General europea SANCO".
De esta agencia dependerá una red de laboratorios de control de la calidad y de investigación en consumo formada por laboratorios de titularidad estatal y autonómica, lo que, a juicio de la ministra, "permitirá trabajar de forma coordinada haciendo que los recursos públicos ganen en eficacia, mediante la obtención de certificaciones y acreditaciones en red y la identificación de líneas de referencia, evitando duplicidades".
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