Hecha la ley, hecha la trampa. Tras poner en marcha el Gobierno el Real Decreto para el pago a los proveedores por parte de las entidades locales, ya hay algún ayuntamiento que intenta eludirlo.
Las empresas de autobuses han elevado una queja oficial al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque algunas ciudades con servicio de concesión de autobús les están dejando fuera de estos pagos.
En una misiva fechada el pasado 1 de marzo a la que ha tenido acceso a elEconomista, Asintra -una de las dos grandes patronales del sector junto con Fenebús- explica a Montoro que "algunos ayuntamientos están intentando dejar fuera del procedimiento establecido por el citado Real Decreto a los proveedores de servicios de transporte urbano".
El procedimiento en todos estos casos es parecido. No incluyen las facturas pendientes de cobro a estas empresas de autobuses en la relación certificada de obligaciones de pago que ya han remitido antes de pasado 15 de marzo al Ministerio de Hacienda. Cuando las empresas afectadas les preguntan la razón de esta negativa, la justificación es que la compensación que el ayuntamiento paga a estas empresas concesionarias tiene la condición de "subvención de explotación" y se contabiliza con cargo al capítulo 4 del presupuesto de gastos, por lo que queda fuera del ámbito del comentado Real Decreto.
En algunos ayuntamientos se decidió por política de servicios ofrecer gratis el autobús a los mayores de 65 años y realizar descuentos del 50% a los jóvenes. El acuerdo con las empresas es que la propia concesionaria de autobuses contabiliza a los pasajeros que suben al autocar cumpliendo estas condiciones y presentan la factura para que se le compense la diferencia. Son estas deudas las que algunos ayuntamientos no creen que están dentro del Real Decreto y las denominan subvención a la explotación.
En algunos casos, los propios ayuntamientos, que debido a la crisis económica ya no dan esta preferencia a la Tercera Edad y a los jóvenes, están recomendando a las empresas de autobús que suban la tarifa del billete para compensarlo.
Aunque Asintra no da detalles de los ayuntamientos que no aceptan esos pagos en la carta que remite al Ministerio de Hacienda, fuentes del sector aseguran que ya se han detectado casos en capitales de provincia como Ciudad Real o Cáceres o localidades como Chiclana de la Frontera, en Cádiz.
Este periódico se puso en contacto con fuentes de Hacienda, quienes aseguraron que ayer viernes ya se le ha dado respuesta a la patronal de los autobuses. En la contestación, el equipo de Montoro recuerda que la aplicación se extiende a las obligaciones pendientes de pago con proveedores derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios (así lo recoge el artículo 1 del Real Decreto Ley 4/2012) o las obligaciones de pago derivadas de contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión (como explica la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Ley 7/2012).
A las empresas de autobuses que no estén conformes les queda una herramienta: un certificado individual que deben expedir ellas mismas en un plazo máximo de 15 días indicando el importe y motivo de las facturas y que entreguen a las corporaciones locales especificando la deuda. Si éstas no responden se considera reconocido el derecho de cobro por silencio positivo.
Montoro: el plan de pago a proveedores 
