El plan de pago a proveedores nace para saldar la deuda comercial de las Administraciones siempre que esté reconocida en facturas líquidas, vencidas y exigibles con registro en la Administración deudora anterior al 1 de enero de 2012.
Así que no contempla operaciones que sí se han producido y suponen un compromiso de pago de la entidad local o autonomía con el acreedor pero no han sido visadas antes de esa fecha. Desde los sectores más afectados por la morosidad pública se cuantifican en otros 35.000 millones más, adicionales a los 35.000 millones que sí reconoce el esquema de proveedores como listos para participar en el rescate.
Compromisos diferidos
Para aplacar excesos de gasto en un ejercicio, las Administraciones se aferran al recurso de encargar servicios o suministros y atribuirlos a otro ejercicio, de modo que las facturas correspondientes quedan detenidas en los cajones sin pasar por la intervención hasta que el cambio de ejercicio presupuestario va permitiendo afrontarlas.
El gasto febril ejercido por algunos consistorios y comunidades autónomas en los últimos tiempos propició el recurso a este manejo temporal de la contabilidad. Cuando a mitad de ejercicio se ha dispuesto de prácticamente todo el gasto presupuestado, se comienza a comprar y comprometer sin visar, alargando en el tiempo la versatilidad del cobro por parte del acreedor de la Administración.
Algunos empresarios consultados por elEconomista explican cómo parte de sus derechos de cobro no cumplen todos los requisitos y visados necesarios para participar en el plan de pagos arbitrado por el Gobierno pese a haberse prestado el servicio o efectuado la entrega y a haberse devengado en 2011. Casos como el de Castilla-La Mancha, cuyo anterior Ejecutivo legó una desviación presupuestaria que se tradujo en un déficit del 7,3 por ciento, ahondaron esta práctica que comprometió la viabilidad de no pocas empresas.
Con todo, suministradores de la Administración han cuantificado para elEconomista en 35.000 millones de euros las facturas pendientes de aflorar, con lo que el rescate de proveedores autonómicos y locales sólo cubriría la mitad de la deuda comercial real de las Administraciones periféricas.
Facturas más amplias
Entretanto, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno ayer al proyecto de ley que desarrolla el plan de pago a proveedores dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permite al Estado avalar el nuevo mecanismo.
La principal novedad del texto votado por la Cámara parte de una enmienda presentada por el Partido Popular, según la cual se amplía el contenido de esas facturas a conciertos en materia sanitaria, educativa, de servicios sociales, así como a todos los servicios públicos incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
Anteriormente, el texto contemplaba que sólo se podía destinar el dinero a contratos de obras, servicios y suministros.
El PSOE se equivoca al votar
La votación de las enmiendas fue respaldada por 295 votos a favor (PP, PSOE y CiU), 18 abstenciones (UPyD e Izquierda Plural) y seis votos en contra. Sin embargo, la anécdota la protagonizaron los socialistas, que en la votación definitiva del texto -y a excepción de su portavoz, Soraya Rodríguez, y su secretario general, Eduardo Madina- se equivocaron y votaron en contra de un texto que habían defendido.
La mayoría absoluta del PP (y CiU) dejó el equívoco en una curiosidad, ya que fueron suficientes sus 181 diputados para que saliera adelante.
Madrid lidera la deuda a los proveedores
