Economía/Macro.- El Congreso vota el cambio legal para permitir que el Estado avale los créditos de pago a proveedores

El PP ha enmendado el texto del Gobierno para que el procedimiento no se limite a facturas de obras, servicios y suministros

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso votará este jueves un cambio legal para permitir que el Estado avale a comunidades autónomas y haciendas locales en la asunción de créditos bancarios para ponerse al día en el pago de facturas de proveedores, en el marco del mecanismo creado a tal fin por el Gobierno y convalidado por amplia mayoría en la Cámara Baja.

Así, la Cámara Baja tramitará de forma directa y en lectura única el proyecto de ley orgánica por la que se excluyen determinados mecanismos de financiación del ámbito de aplicación de la ley orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

REFORMA URGENTE DE LA LEY DE ESTABILIDAD

Y es que, según se recoge en una disposición adicional añadida en un texto de reforma de dicha normativa, "el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las comunidades autónomas y de los entes vinculados o dependientes de ellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos".

Con el cambio normativo que se someterá a votación, se garantizará que "la administración del Estado pueda prestar las oportunas garantías" para el mecanismo de pago a proveedores sin que, de forma puntual y extraordinaria, le sean aplicables las actuales limitaciones".

EL AVAL DEL TESORO

El objetivo de esta modificación es garantizar la "efectividad y eficacia del mecanismo financiero", que requiere del aval del Tesoro (es decir, del Estado), para que los bancos adelanten el pago de facturas de proveedores.

El texto original limitaba esas facturas a las contrataciones de obras, servicios, suministros pero el PP ha presentado una serie de enmiendas, que también se aprobarán este jueves, para que el procedimiento se pueda extender a los conciertos en materia de sanidad, educación y servicios sociales, así como a todos los servicios incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

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