El Gobierno consiguió, a última hora, no quedarse aislado en el apoyo a la reforma laboral. En negociaciones que se cerraron a última hora de la noche del miércoles, el portavoz de los nacionalistas catalanes, Josep Antoni Duran i Lleida, conseguía el "sí" quiero de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que el dinero de las políticas activas de empleo sea administrado libremente por las comunidades autónomas, sin tener que estar condicionadas por la regulación estatal.
De esta forma la convalidación en el Congreso del Real Decreto de reforma laboral recibió el voto afirmativo de 197 diputados, (los del Partido Popular, Convergencia i Unió, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias), frente a los 142 parlamentarios que votaron en contra. Ninguno se abstuvo.
Pero los acuerdos entre el PP y CiU en materia laboral van a ir más allá y continúan la senda de buen entendimiento entre ambos partidos que les convierte en socios preferentes tanto en el Parlamento español como en el catalán. Durante su intervención en el Pleno, el diputado nacionalista catalán, Carles Campuzano, anunciaba que su grupo presentará, "en horas o días", ante la Cámara Baja un "plan de choque para buscar la creación de empleo a corto plazo" con el objeto de completar el texto. "Es donde nos jugamos el futuro", recordó Campuzano.
Un plan de choque que, según ha podido confirmar elEconomista, forma parte de las negociaciones entre el Gobierno Central y los nacionalistas catalanes de cara a la tramitación parlamentaria de la reforma y para el que existe "muy buena disposición" por parte del Ejecutivo.
Mas beneficiarios
Aunque los puntos concretos de este plan "se están empezando a negociar ahora", responsables parlamentarios de ambas formaciones coinciden en señalar que entre las medidas esenciales se incluirán incentivos fiscales y bonificaciones sociales para las empresas que formalicen nuevas contrataciones y creen empleo.
En este sentido, uno de los aspectos que podría ponerse encima de la mesa pasaría por ampliar el perfil de los beneficiarios que el Ejecutivo incluye dentro del que denomina en el texto original de la reforma el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores para pymes y autónomos. El decreto recoge que una empresa tenga derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de 30 años. Fuentes nacionalistas catalanas apuntan a la posibilidad de incluir a nuevos colectivos como beneficiarios entre los que podrían encontrarse familias con todos sus miembros en paro -a cierre de 2011 eran 1.575.000-.
CiU ha planteado en varias ocasiones la necesidad de aplicar nuevas medidas de estímulo a la creación de empleo. Según consta en una proposición no de ley presentada hace breves fechas, los nacionalistas catalanes abogan por bonificaciones de 5.000 euros para nuevos puestos de trabajo que se creen en empresas de menos de cien empleados, así como que se permita el pago de parte de la cotización social con la prestación por desempleo.
Lo que tampoco está decidido es el modo en que se instrumentará este plan de choque para la creación de empleo. Las alternativas que, en estos momentos, debate el Grupo Parlamentario Catalán pasan por presentarlo en el Parlamento aisladamente mediante una interpelación o proposición no de ley o bien hacerlo dentro del paquete de enmiendas a la reforma laboral cuyo periodo de presentación se abre ahora.
Salir del hoyo
Campuzano justificaba en el Hemiciclo la presentación del plan de choque con el argumento de que "la resignación respecto a la destrucción de 630.000 empleos más durante este año no es aceptable". "Necesitamos medidas audaces y valientes que asuman riego, pero que nos permitan salir del hoyo en el que nuestra sociedad está instalada", reclamó.
Para el diputado de CiU, la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular "deberá ser útil en el medio y el largo plazo, y no sólo en materia de creación empleo, sino en la mejora de la posición competitiva de las empresas".
El Decreto Ley de reforma laboral, una vez convalidado en el Congreso de los Diputados con el voto negativo de la izquierda parlamentaria, UPyD y PNV, inicia ahora su tramitación como proyecto de ley en la Cámara Baja. Los grupos disponen de plazo hasta el 30 de marzo para presentar sus enmiendas a la totalidad y parciales y el Gobierno confía en que el texto definitivo se apruebe en mayo.
El Congreso convalida la reforma laboral
