El Gobierno y el Parlamento han hablado. Y los sindicatos responden. Fuentes cercanas a las centrales sindicales confirmaron a este periódico que hoy, tras una primera reunión por separado de los máximos órganos de CCOO y UGT y una conjunta, los líderes de ambas organizaciones anunciarán, previsiblemente, la convocatoria de la primera huelga general al Gobierno de Mariano Rajoy por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. La fecha: 29 de marzo.
El real decreto fue aprobado ayer en la Cámara Baja con 197 votos a favor y 147 votos en contra. Un día antes, los sindicatos mayoritarios habían presentado sus alternativas a la norma, en un documento de 50 páginas, donde se vuelve a asegurar que el real decreto supone "una apuesta por la precariedad en el empleo". De manera que las centrales de trabajadores puedan alegar que han tratado de negociar con el Gobierno hasta el último momento.
Desde que el 10 de febrero el Consejo de Ministros aprobara el texto elaborado por el Ministerio de Empleo, los sindicatos han amenazado al Gobierno con una huelga general si no echaba atrás el real decreto y se sentaba a negociar con los agentes sociales un nuevo texto, ya que habían encontrado puntos en su opinión incompatibles con la Constitución en la norma. Motivo por el que iniciaron un calendario de movilizaciones, considerado un modo de medir el ánimo de la ciudadanía para no encontrarse con una huelga sin éxito, como sucedió con la huelga a la reforma laboral del Gobierno de Zapatero en septiembre de 2010. Fernándo Méndez Ibisate, profesor de Economía de la UCM, cree que la estrategia que se está llevando a cabo para preparar una huelga busca atraer a simpatizantes del 15-M y jóvenes "quemados".
Las organizaciones que lideran Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo han enviado dos cartas sin éxito al presidente del Gobierno instándole a que retirara la reforma laboral. En este aspecto, el secretario general de UGT consideró ayer "insólito" que el líder del Ejecutivo no contestara a ninguno de los escritos que le habían remitido.
Desde la oposición, miembros del PSOE han participado en anteriores movilizaciones, además de amenazar al Ejecutivo con llevar al Tribunal Constitucional la reforma laboral. Como alternativa, los socialistas presentaron el texto que prepararon para la campaña electoral de noviembre.
IU, que califica el real decreto como una "agresión mayor", puso a disposición de los sindicatos sus posibilidades parlamentarias, siendo conscientes de que, desde su minoría, no se podría frenar la reforma.
El Ejecutivo, contundente
Por su parte, el Ejecutivo ha sido contundente desde el principio: estaban dispuestos a mejorar el texto en el trámite parlamentario, pero no a tocar los puntos troncales del mismo. En cuanto a su constitucionalidad, Báñez ha insistido siempre en que su equipo ha cuidado que la reforma no se saltara ningún precepto de la Carta Magna.
Con este escenario, desde IU no tienen ya esperanza de que el Gobierno vaya a negociar. "Quieren mandar a Europa el mensaje de que ellos no se arrugan", espetan.
En cuanto al apoyo de CiU a la reforma laboral hay posiciones encontradas. De un lado, IU opina que el partido de Artur Mas tiene una postura "ultraliberal". "Nos tememos que en el trámite parlamentario endurezcan la norma". Entre los "temores" del partido de Cayo Lara se encuentra que puedan tratar de extender el despido de los empleados públicos a los funcionarios de carrera.
Por su parte, Sebastián Reyna, presidente de Upta, considera, a título personal, que la posición de CiU no va a ser más dura que la del Ejecutivo, sino que es un voto a favor hoy, pero "condicionado a enmiendas más adelante". Por ejemplo, considera que pedirán que los convenios autonómicos sean prioritarios sobre los convenios sectoriales o que se clarifique el periodo de prueba para que haya alguna indemnización.
El domingo, movilización
En principio, este domingo se celebrará otra movilización en contra de la norma. Una convocatoria que ha sido polémica por dos motivos. Primero, por coincidir con el octavo aniversario de los atentados del 11 de marzo, y, segundo, porque por primera vez el PSOE ha anunciado su adhesión a la marcha como partido político.
El Congreso convalida la reforma laboral
