Economía/Finanzas.- IU pide ampliar a entidades con avales del Estado los topes salariales y la prohibición de dividendo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que pide al Gobierno que extienda a todas las entidades financieras que reciben avales del Estado el nuevo régimen de retribuciones de administradores y directivos de entidades acogidas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se contempla en el decreto ley de saneamiento del sector financiero.

Según el título IV del decreto ley, las entidades que soliciten apoyo financiero del FROB no podrán retribuir a sus directivos y administradores (presidentes ejecutivos, consejeros delegados o directivos) con más de 300.000 euros anuales, mientras que las retribuciones de los miembros de los órganos colegiados de administración podrán ascender a un máximo de 50.000 euros anuales.

Además, las retribuciones variables para estos responsables se diferirán en tres años y estarán "condicionadas a la obtención de los resultados" que se recojan en el plan elaborado para obtener el apoyo financiero del FROB.

En su iniciativa, que recoge Europa Press, la Izquierda Plural pide que estas condiciones se extiendan también a los directivos y administradores de "entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo público a través de avales de la Administración General del Estado (AGE)", y no sólo a las que han recibido apoyo del FROB.

Asimismo, se solicita al Gobierno que impida "el reparto de dividendos en aquellas entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero del FROB o avales de la Administración General del Estado, mientras disfruten de dichos avales".

146.000 MILLONES DE AYUDAS AL SECTOR

Para justificar esta petición, la propuesta cita datos de la Comisión Europea que elevan a 146.000 millones de euros las ayudas recibidas por las entidades financieras en España hasta finales de 2010, una cantidad que supone el 8,4 por ciento del PIB.

También se señala que estas ayudas "en forma de inyecciones de capital o de avales para emitir deuda" han ido aumentando progresivamente desde el inicio de la crisis, en 2008, cuando la cifra ascendía a 2.330 millones de euros.

"Las entidades financieras en nuestro país han recibido una inyección masiva de recursos públicos de manera directa o indirecta que, sin embargo, no se ha traducido en una mejora apreciable del sistema financiero. Además, la financiación a las familias y a pequeños y medianos empresarios no se ha revitalizado. El dinero público se ha dirigido a intentar solucionar los problemas generados por las entidades financieras, sin ninguna contrapartida sustancial a cambio", lamenta Garzón.

Además, considera "poco comprensible e incluso inmoral" que mientras se estrangulaba el crédito a la economía real y el Banco de España se veía obligado a intervenir y rescatar diferentes entidades bancarias, en algunas de ellas se han seguido dado "el reparto de dividendos y el escándalo de ciertas retribuciones de administradores, consejeros y directivos en entidades financieras".

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