Hacienda y la banca negocian contrarreloj los detalles de las medidas adoptadas por el Gobierno para que los ayuntamientos puedan saldar las facturas pendientes a los proveedores.
Uno de los asuntos por determinar más relevantes es el interés que las entidades cobrarán a las administraciones por adelantar sus deudas e inyectar de liquidez a las pymes y a los autónomos, principalmente.
Según fuentes financieras, el sector bancario ha tomado como referencia las últimas líneas de crédito suscritas con distintas autonomías para establecer una tasa máxima. Ésta alcanza el 6%, ya que distintas comunidades autónomas, como la valenciana, han percibido créditos con un coste de euribor más un diferencial del 4%.
Con aval del Estado
Este interés, sin embargo, es previsible que baje en las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno hoy en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, previa al Consejo de Ministros de mañana. Primero porque los créditos que otorgue la banca a los ayuntamientos está avalada por el Estado a través del ICO, con lo que el riesgo que asume el sector financiero es nulo. Y segundo, porque el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro se ha fijado como objetivo que el coste para las administraciones locales y regionales no se dispare y se establezca un tipo de interés por debajo de los actuales precios del mercado.
En la mesa de negociaciones de la creación de este 'banco malo' para pagar las facturas -como le denominan distintas fuentes bancarias- está también incluido el plazo que se otorgará a las Administraciones para devolver los créditos para saldar unos 30.000 millones de euros de impagos cuanto antes.
No se espera, asimismo, que las entidades cobren una comisión o interés a los proveedores para percibir lo antes posible el dinero pendiente de cobro, ya que las circunstancias económicas no lo aconsejan, máxime cuando la normativa establece quitas. Es decir, los proveedores cobrarán antes sus facturas cuánta mayor sea la cantidad de dinero que están dispuestos a perder.
Los ayuntamientos tendrán que suministrar antes del 15 de marzo el listado de impagos con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, (FEMP), Fernando Martínez Maíllo, se felicitó ayer por la medida, aunque consideró que los plazos son "excesivamente breves", pero que "habrá que cumplirlos".
Por su parte, Montoro reconoció que la "gravedad" de la crisis ha mermado "con virulencia" la solvencia de las corporaciones locales y ha llevado a algunos ayuntamientos a "situaciones próximas a la quiebra técnica", con "enormes e inaceptables" retrasos en el pago a proveedores y en las nóminas de los trabajadores. El ministro resaltó la necesidad de sanear las cuentas para facilitar el objetivo común de generación de crecimiento económico y empleo y de implantar nuevas medidas.
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