El Gobierno y las comunidades autonómicas aprobaron ayer la "hoja de ruta" del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que debe, según la ministra de Sanidad Ana Mato, "establecer las garantías para que los españoles tengan acceso a las mismas prestaciones", si bien no al mismo precio.
Cataluña aplicará así a partir de mayo una tasa de un euro por receta, a la que no se opone el Ministerio de Sanidad, a diferencia del anterior departamento, que tachó la iniciativa de "inconstitucional". Todo lo más que dijo ayer Ana Mato es que "cada comunidad adopta las medidas que cree convenientes".
Otras diez comunidades ya aplican el céntimo sanitario que grava los combustibles para financiar la sanidad, mientras que Galicia o Baleares han fijado tasas por la renovación de las tarjetas sanitarias. Unos recargos que bien pueden convertirse en una fuente de ingresos extra para las maltrechas arcas autonómicas, ya que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) acordó ayer un nuevo formato de tarjeta sanitaria común que dará la oportunidad a las regiones de cobrar por los gastos de gestión y renovación.
Una posibilidad que Ana Mato eludió precisar, si bien no se opuso a este tipo de medidas autonómicas que enmarcó "en el ejercicio de sus competencias".
4 millones de renovaciones
Sanidad prevé que se renueven cuatro millones de tarjetas al año, que deberán ser compatibles con todos los sistemas autonómicos e incorporar un número o código vitalicio para cada persona, con el fin de que puedan ser atendidos en cualquier lugar de España. Si se aplica la tasa de diez euros que cobra Baleares por la renovación de la tarjeta, las comunidades podrían disponer de unos ingresos de 470 millones de euros por este concepto dentro de un proceso gradual que comenzará este año.
El uso de tasas o copagos directos para financiar un sistema público deficitario que acumula ya una deuda de más de 15.000 millones con sus proveedores quedó ayer fuera del pleno del CISNS. "Hay planteamientos desde todos los puntos de vista y ámbitos ideológicos desde hace mucho tiempo y se planteará o no dentro de una discusión de futuro", aseguró la ministra a este diario, que también precisó que "las fórmulas de financiación y sostenibilidad las decidiremos entre todos en el seno del Consejo Interterritorial".
En esta misma línea, el consejero de Castilla-La Mancha señaló que aplicar un recargo por receta "pertenece al ámbito de gestión de Cataluña".
Para José Ignacio Echániz, que se erigió en el portavoz de las 14 comunidades gobernadas por el PP dentro del CISNS, habrá "dos niveles de reforma" en la nueva hoja de ruta de la sanidad española, una parte que corresponde al Gobierno y otra a las comunidades autónomas "desde el punto de vista de la gestión".
Pago de la deuda
Durante la reunión de ayer del Consejo Interterritorial, la número 100 de este órgano encargado de cohesionar una Sanidad cuya gestión está en manos de las comunidades, no se abordó la deuda, pero Ana Mato se mostró confiada en que el Ministerio de Hacienda y las comunidades alcancen en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo similar al de los ayuntamientos "en el plazo más breve posible", "para que haya unos créditos con los bancos que permita que los proveedores puedan cobrar todos los servicios pendientes".
Sí se establecieron elementos de cohesión, como la historia clínica electrónica, el calendario único de vacunas o la creación de una Agencia de evaluación de tecnología sanitaria y productos, que trabajará en red con las diferentes agencias evaluadoras y que será responsable de valorar qué productos o tecnologías son prescindibles o están obsoletos y qué innovaciones se deben financiar según criterios de evidencia científica y eficiencia. La ministra aclaró que "no se trata de sacar nada de la financiación pública", sino de establecer qué prestaciones o productos "tienen ahora mismo utilidad o no".
Compras centralizadas
Otro de los grandes acuerdos sanitarios alcanzados ayer fue el calendario básico de vacunaciones y la compra centralizada de la vacuna de la gripe. Para 2012, los niños de todas las comunidades autónomas deberán recibir, a las mismas edades y en las mismas dosis, una serie de vacunas que serán comunes a todos los territorios, algo que no se produce en la actualidad.
La ministra anunció además que 14 comunidades autónomas se han sumado a la compra centralizada de vacunas de la gripe para la próxima temporada. En total se sacarán a concurso cinco millones de dosis.
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