La exigencia de 50 firmas hace imprescindible el apoyo del PSOE, que prefiere actuar en solitario y después del trámite parlamentario
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha remitido una carta a todas las fuerzas de la oposición con su propuesta de interponer ya, en cuanto se convalide el decreto ley de reforma laboral, una recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma, con independencia de que más adelante se pueda presentar otro tras la tramitación parlamentaria como proyecto de ley y la eventual incorporación de enmiendas.
Izquierda Plural ya lanzó este martes la idea del recurso contra el decreto ley de reforma laboral, pero el PSOE, que es el único partido con suficientes diputados (un mínimo de 50) para recurrir en solitario, avisó de que prefiere esperar a la tramitación de la reforma laboral como proyecto de ley.
En la carta, firmada formalmente por el conjunto de portavoces del grupo --José Luis Centella (IU), Joan Coscubiela (ICV), Joan Josep Nuet (EUiA) y Chesús Yuste (CHA)-- se anima a presentar un recurso conjunto contra el decreto ley "sin perjuicio de que en su momento se pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el texto de la Ley que después del trámite parlamentario se apruebe".
POR ABUSO DE LA FIGURA DEL DECRETO LEY.
Desde IU, ICV-EUIA y CHA se "considera oportuna la necesidad" de impugnar el decreto ley "inmediatamente después de su convalidación", prevista para el próximo 8 de marzo, subrayando "la existencia de serias dudas sobre su constitucionalidad en lo que hace referencia al uso indebido de la figura del decreto ley ", reservado para asuntos de urgencia.
"Dicho de otra manera, el uso abusivo de los presupuestos habilitantes en la utilización de la figura del Real Decreto-Ley, tanto en referencia a las razones de extraordinaria y urgente necesidad, como a la extralimitación de las materias que pueden ser reguladas por Real Decreto-Ley", detallan.
También advierten dudas en algunos de los contenidos de la reforma como el "establecimiento de un período de prueba de un año para los nuevos contratos llamados indefinidos para empresas de hasta 50 trabajadores; la aplicación retroactiva de algunas materias, entre ellas las que hacen referencia a la cuantía y limites de las indemnizaciones en supuestos de despidos; la afectación del derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva; o la desaparición de la obligatoriedad de los convenios en algunos supuestos".
Se censura igualmente el "establecimiento del laudo obligatorio en la solución de conflictos provocados por decisiones empresariales de inaplicación del régimen de los Convenios Colectivos, o el Régimen Competencial de las Comunidades Autónomas en materias de ejecución de la normativa laboral que les son propias (entre ellas la desaparición de la autorización administrativa previa del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en los Expedientes de Regulación de Empleo)".
EL PSOE VA SOLO.
La presentación de un recurso de constitucionalidad desde el Parlamento requiere la firma de 50 diputados o 50 senadores. Ello hace imprescindible la presencia del PSOE o, en su defecto, de CiU y todas las minorías.
Sin embargo, el PSOE ya ha dejado claro que piensa ir en solitario, sin compañías, y que, de presentar su recurso, lo hará cuando termine la tramitación parlamentaria de la reforma como proyecto de ley, una vez que se sepa si ha habido o no cambios en los apartados susceptibles de inconstitucionalidad.
Por su parte, los nacionalistas de CiU han hecho saber que no se oponen frontalmente a la reforma laboral y que se dedicarán a presentar enmiendas parciales buscando cambios puntuales en la norma aprobada por el Gobierno. Y el PNV, aunque se opone a la reforma, también ha manifestado sus recelos a recurrir ya el decreto ley.
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