El Consejo de Ministros dará hoy carta de naturaleza al plan financiero por el que las empresas y autónomos podrán cobrar de los bancos las deudas impagadas por las Administraciones Públicas; una cifra que oscila entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros.
En su reunión de hoy, el Ejecutivo detallará esta nueva fórmula financiera, adelantada hace unos días por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con la que se quiere agilizar los pagos que adeudan tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos.
Según Montoro, este nuevo instrumento no supondrá un incremento en el déficit público, aunque el ministro reconoce que es posible que afloren facturas no reconocidas en la contabilidad.
Colaboración de las entidades
Por su parte, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández, ha explicado que el nuevo procedimiento de financiación, arbitrado a través del ICO y de los bancos, contará con el concurso de "las más importantes entidades y es una pieza fundamental para recuperar el espíritu y el ánimo".
En cuanto al impacto en cifras que tendrá esta nueva línea contra la morosidad, la Federación de Autónomos ATA ha apuntado que las deudas de las Administraciones con los autónomos suman ya alrededor de 30.000 millones de euros. Otras fuentes, como la patronal de Castilla-La Mancha, Cecam, la elevan hasta los 50.000 millones de euros.
También hoy, el Consejo de Ministros aprobará -según anunció ayer en Roma Mariano Rajoy- el Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que sentenciará a las Administraciones Públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y que hasta entonces las obligará a ir reduciendo sus niveles de déficit y deuda para llegar a dicha meta.
La normativa, además, introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que las Administraciones deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020. Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del Producto Interior Bruto.
Cambios en la empresa pública
Por su parte, hoy también está prevista una reunión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde el holding acometerá la reorganización de su organigrama, para simplificar y reducir filiales, y donde se producirán los primeros relevos en las presidencias de las empresas públicas.
De la reunión, confirmada por Europa Press citando fuentes del organismo público, no ha trascendido información sobre las empresas públicas afectadas por los nombramientos, ni tampoco de quiénes serán los nuevos presidentes de las mismas. Aunque parece seguro que cambiarán, al menos, los máximos ejecutivos de Enresa, Enusa, Ensa y Hunosa.
La Sepi tiene asimismo pendiente la designación del nuevo representante de España en EADS, un cargo que está previsto que ocupe Josep Piqué -el actual presidente de Vueling-, en sustitución del exministro de Industria socialista Juan Manuel Eguiagaray, según todas las fuentes.
Además de EADS, la Sepi participa en empresas cotizadas como IAG, REE, Ebro Foods o Enagás.
En el caso de REE, donde posee el 20%, se espera que en la próxima junta de accionistas se produzca el relevo de Luis Atienza como presidente.
El nombre del actual consejero de la compañía, José Folgado, aparece citado como uno de los candidatos que tiene mayores opciones para sustituir a Atienza al frente de REE. También suena Antonio Garamendi.
En el consejo de administración de Sepi participan 17 miembros y tienen representación los ministerios de Presidencia, Hacienda, Economía, Industria, Empleo y Fomento, así como la Oficina Económica del presidente del Gobierno.
Interés del 6% para las pymes
