El Gobierno ha decidido acelerar el abono de la deuda comercial de las administraciones públicas, incluidas las haciendas forales, para evitar que la persistente morosidad pública precipite el cierre de más empresas, con la consiguiente destrucción de empleo y adelgazamiento de nuestro tejido productivo.
Para ello, los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad trabajan en un plan de choque que se lanzará en el próximo Consejo de Ministros, el viernes, y cuyos flecos se están negociando con las entidades financieras, de modo que sean éstas quienes adelanten a los proveedores con facturas pendientes de cobro el pago de los débitos reconocidos con las distintas administraciones públicas mediante un sistema de avales. Montoro ha confirmado hoy que habrá un consorcio bancario junto al ICO para pagar a proveedores.
Según fuentes empresariales consultadas por elEconomista, se baraja un esquema similar al factoring, en virtud del cual el banco que adelanta el pago al acreedor adquiere sus derechos de cobro por la deuda satisfecha frente al deudor causante de la operación: las Administraciones. El plazo de amortización sería de tres años y el interés, menor al de la línea ICO para que las autonomías paguen a proveedores. Esto es, un tipo inferior al 6 por ciento. Los intereses los abonará la empresa o autónomo acreedores que presenten al cobro la factura impagada en ventanilla bancaria.
Pago contra factura
La empresa o el autónomo habrá de presentar la factura incobrada, la entidad financiera habrá de contactar con la Administración de que se trate para que la reconozca y una vez se produzca el reconocimiento, se abonará el débito. En caso de que la factura no se reconozca por la Administración aludida, se notificará a Hacienda para que abra una investigación al respecto.
La negociación se está ultimando con la banca, razón por la que aún oficialmente no se cuantifica la cifra en que se concretará el plan, aunque algunos colectivos empresariales estiman en el entorno de los 30.000 millones el nuevo esquema de financiación a proveedores.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, calificó ayer de "considerables" las deudas comerciales vivas de las Administraciones. Por ello, el objetivo del plan de choque es que todos estos débitos se salden en las próximas semanas, de modo que se detenga el continuo goteo de cerrojazos empresariales. Montoro añadió que el Gobierno llevará adelante los cambios normativos que exija este nuevo esquema.
Lentitud del ICO
El factor determinante para que el Ejecutivo se embarque en este mecanismo ha sido la constatación de la lentidud del ICO, la agencia financiera del Estado, infradotada de medios materiales y humanos para hacer frente a todas las funciones y líneas que atiende.
El presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, indicó ayer a elEconomista que esta medida de choque será bienvenida, porque desde que empezó la crisis unos 350.000 negocios han cerrado como consecuencia de la morosidad pública". "Lo importante es que se priorice el pago de las Administraciones Públicas a pymes y autónomos, salvar su actividad, al margen de quien abone los intereses de la operación", aseguró.
La morosidad de las AAPP destruye empleo
