La Unión Europea puede poner en duda los criterios aplicados por los países miembros para la obtención de registros macroeconómicos y, en consecuencia, revisar las cifras que se han rendido a Bruselas. Pero para ello ha de haber recibido previamente tal información, cosa que no ha sucedido con el déficit español de 2011, del cual recibirá concreción dentro de unas cuantas semanas. Reuters defiende su información sobre el déficit de España.
De hecho, el dato oficial que recibirá la agencia estadística europea Eurostat no será público hasta el 3 de abril de este año y su precisión definitiva habrá de esperar hasta finales del verano. Y los datos de ejecución presupuestaria del último trimestre de 2011 que acaban alimentando el dato de Contabilidad Nacional no se harán públicos hasta marzo.
Por tanto, la UE no puede haber dudado de si el Gobierno infló el déficit de 2011 porque no tiene bases para ello, ni cifras que cuestionar, y no se puede negar un dato que aún no existe ni se ha confeccionado, tal como han transmitido a este diario fuentes cercanas al Gobierno. La cifra del entorno del 8% de déficit que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó haber descubierto el 27 de diciembre, es una estimación de la liquidación del presupuesto y no un dato oficial de Contabilidad Nacional que la oficina estadística Eurostat pueda entrar a cuestionar.
Especulativa
La polémica surge de un teletipo de Reuters que durante la mañana del martes incendió la arena europea, al atribuir al Gobierno de Mariano Rajoy una hinchazón interesada del déficit del ejercicio 2011 para afear la gestión del Gabinete anterior y emprender ulteriores ajustes.
Se trata de un teletipo que, a la sazón, basa su testimonio en fuentes anónimas y cuyo mensaje fue negado, tanto desde el Ejecutivo español como desde el comunitario, la Comisión Europea, que preside Olli Rehn, quien calificó desde Estrasburgo de "incorrecta" la información. Y el portavoz de Asuntos Económicos de la UE, Amadeu Altafaj, salió rápidamente al paso afirmando que Bruselas no tiene "razón alguna" para poner en duda la calidad de los datos del Gobierno español.
Tras difundir un desmentido, la agencia internacional insistió en el contenido y en la posibilidad de que España fuera multada como consecuencia. Ayer, Reuters se reafirmó en su información alegando que era resultado de "una semana de trabajo" y que confiaban en sus fuentesPero el desmentido era claro. Calificaba de "completamete especulativas y alejadas de la realidad" las informaciones de otros medios basadas en su nota de prensa que sugerían que mediciones que aún no existen sean consideradas insuficientes y conducentes a posibles sanciones.
Los expertos del ámbito docente consultados por elEconomista han explicado a este diario los mecanismos a través de los cuales Eurostat recibe los datos oficiales de los Estados miembros y puede entrar o no a ponerlos en duda. A la oficina estadística europea se le entregan las cifras y los criterios utilizados para obtenerlas. De modo que si discrepa de los criterios, pasa a cuestionar la cifra, lo cual tampoco quiere decir que acabe difiriendo en una gran magnitud, pero que desde luego implica lo que se conoce como un proceso de resolución de controversias en orden a dilucidar y contrastar los registros y deparar la cifra oficial tenida por buena.
Apremio a los ajustes
Lo cierto es que se acrecienta la presión sobre España y sobre los ajustes que ha de aplicar el Gobierno para reconducir el déficit al 4,4% a cierre de 2012. La UE no ha relajado el objetivo presupuestario para España, pese a que las previsiones de crecimiento del FMI y otros organismos para nuestro país han empeorado.
Más aún, Bruselas urge al equipo de Rajoy para que no demore las medidas ni supedite su adopción al calendario electoral, en clara referencia a las elecciones andaluzas y asturianas del mes de marzo.
Rajoy y su ministro de Economía, Luis De Guindos, han argumentado que necesitan las previsiones de la Comisión para elaborar el nuevo proyecto presupuestario. Pero fuentes de Bruselas y Madrid indican que el retraso estaría motivado por la decisión del Ejecutivo de esperar a los citados comicios autonómicos.
Una eventual sanción contra España por el incumplimiento de los objetivos de déficit -posiblemente en forma de multa- no estaría relacionada con otro informe de la Comisión sobre desequilibrios macroeconómicos, que también se espera apunte a España y que podría suponer hasta un 0,1% de su PIB.
De confirmarse, las sanciones serían un varapalo para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que confía en lograr una suavización de las ambiciosas metas de déficit actuales a cambio de introducir unas ambiciosas reformas económicas.
El toque de atención de Bruselas a España
