El Gobierno va a realizar "un control permanente" de la situación de las cuentas de todas las Administraciones Públicas y, en este sentido, una de las consecuencias más inmediatas pasará por que las comunidades tendrán que publicar mes a mes las liquidaciones de gastos e ingresos, mientras que ahora lo hacían cada tres meses. El examen para los entes locales, sin embargo, sí será trimestral.
Con este cambio contemplado en el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llevará a cabo un seguimiento exhaustivo del ajuste de manera que los mecanismos preventivos y correctivos que contempla la reforma se pondrán en marcha en cuanto ésta reciba el visto bueno definitivo del Parlamento.
Según fuentes del gabinete que dirige Cristóbal Montoro, el sistema de control y sanciones se podrá aplicar ya en los Presupuestos de 2012 y estará plenamente en vigor de cara a las cuentas de 2013.
Deberes con planning
El anteproyecto de ley pone fecha a los deberes que el Estado pondrá a las distintas administraciones con el objeto final de que España tenga déficit cero en 2020 y su deuda pública no supere el 60% del PIB nacional -el 47% para la Administración Central, el 10% para las autonomías y el 3% para ayuntamientos-. Fuentes de Hacienda insisten en que "ahora todos los Presupuestos son legítimos". Sin embargo, una vez entre en vigor la ley antes del verano, las advertencias serán reales y el plan de ajuste empezará a andar con unos tiempos claros.
El proceso de fijación de los objetivos fiscales, tendrá como fecha clave en el primer semestre el 1 de abril. Para entonces Hacienda tendrá que haber presentado los objetivos de estabilidad y deuda pública. A partir de ahí, se abre un plazo de quince días para el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo Nacional de Administración Local presenten un informe de acuerdo con estos objetivos y que el Consejo de Ministros pueda cerrar los objetivos, el techo de gasto del presupuesto estatal, así como un informe de Economía sobre las variable económicas que contemple la regla de gasto.
En el segundo semestre, antes del 1 de agosto, las autonomías tendrán que remitir al CPFF el límite de gasto que hayan aprobado y los ayuntamientos deberán dar luz verde a sus límites para, antes del 1 de octubre, haber enviado a Hacienda las líneas maestras de sus Presupuestos en las que, dicen en el Gobierno, no se entrometerán. En quince días, el Ministerio tendrá que dar el visto bueno y, hasta final de año, se aprobarán los Presupuestos.
Congelación de transferencias
De forma paralela si una Administración no responde a las advertencias del Estado, se abre -en cualquier momento- un proceso de mecanismos preventivos y correctivos que le obligará a adoptar medidas en el plazo de un mes. Pasado este margen de confianza, tendrá que presentar en un mes un plan económico-financiero que poner en marcha en el siguiente trimestre y que se comprometerá con la consolidación fiscal en un año.
Si la Administración reincide en su incumplimiento, deberá crear un depósito del 0,2% de su PIB con interés en el Banco de España que se convertirá en multa si se sigue sin aplicar en tres meses. El Gobierno contempla además congelar las transferencias contempladas en el sistema de financiación autonómica a las comunidades que no paguen las multas impuestas. Tres meses después, llegará la intervención del Estado a través de la delegación que Hacienda mandaría pudiendo, en este punto, meter mano en el Presupuesto regional. "No se trata de una ley interven- cionista, sino europeísta", insisten.
Las autonomías acordaron en el CPFF que el déficit de 2012 no podía sobrepasar el 1,3% del PIB. Sin embargo, en Hacienda no cierran la puerta a que si Bruselas ampliara el objetivo del 4,4% para todas las Administraciones este año, se pueda abrir la mano. Y es que si reciben menos ingresos, la sostenibilidad de educación y sanidad podrían estar en peligro.
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